Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

Trabajar en el Perú para un boliviano, colombiano o ecuatoriano es relativamente fácil; por ser ciudadanos andinos se nos da el mismo trato que a un trabajador nacional.

Los trabajadores agrícolas temporales de agroexportadoras y agroindustriales contratados en Ica ya no pueden esconderse como antes, que se esfumaban por orden de sus empleadores, cuando llegaban las autoridades fiscalizadoras de trabajo. Ahora los drones los vigilan y cuentan uno a uno.

Con ocasión de la emergencia nacional decretada por la COVID-19, los trabajadores debieran capacitarse en contratación laboral durante la reactivación económica, estabilidad laboral, trabajo remoto, desconexión digital, suspensión perfecta de labores, implementación del Plan de vigilancia, prevención y control de la Covid-19 en los centros de trabajo y responsabilidad del empleador en implementarlo.

Una tercera parte de las decenas de obras de construcción civil que inspecciona la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, son suspendidas   por exponer a sus trabajadores, a riesgo grave e inminente.

Se ven la falta de barandas de protección en escaleras y aperturas, plataformas rajadas y agrietadas, andamios improvisados y superficies desniveladas.

El hostigamiento laboral y sexual en centros de trabajo ha aumentado durante la pandemia; desde el inicio del Estado de Emergencia se han registrado 939 denuncias.
 

Los cerca de medio millón de obreros de la construcción quisieran estar en el hombro de su presidente Francisco Sagasti, pero eso solo seguirá siendo un sueño; su vacunación está muy lejos en el tiempo.

El sector de la construcción civil es especialmente sensible; desde 2011 han sido asesinados 20 dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

Algunas de las maniobras denunciadas son la venta de puestos de trabajo a los obreros, por parte de las mafias; la infiltración de mafiosos en las obras para cometer delitos, obligar a las empresas a alquilar sus maquinarias o comprar insumos en sus ferreterías. Todo un batallón de sicarios están “a su disposición para aniquilar a quien se oponga. No se ve el trabajo de las autoridades”, se denunció.

La cacareada reforma al sistema de pensiones peruano es sólo eso, pasa rápido como el canto de un gallo, y no se concretiza nada, porque nadie quiere comprometerse dentro de un gobierno de transición, de continuos calentamientos del puesto de ministro y de una crisis política que ya hace carrera.  En el tema, nadie pone el hombro por el país, y los pocos jubilados que hay, reciben pensiones ridículas.

La cuestión es sencilla, un aporte tripartito: estado, empleadores y empleados como està previsto hace más de seis décadas por instrumentos internacionales ratificados por el Perú.

En este país como en otros del continente suramericano, es “normal que muchas personas no alcancen el derecho a la pensión y se les devuelva los aportes realizados”; por lo que se niega el derecho a la mayoría de trabajadores formales.

El Congreso de la República aspira a convertir en leyes los proyectos que establece la igualdad de derechos para el acceso al régimen especial de jubilación anticipada, el que crea el régimen especial de pensiones de los trabajadores agrarios y el que anula la obligatoriedad del pago del seguro en el aporte mensual de administradores de fondos de pensiones (AFP).

El 18 de marzo, La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), convoca a una jornada nacional “en defensa del empleo digno y demanda de soluciones a la diversidad de problemas que aquejan a los trabajadores y al pueblo peruano en general.”

“La crisis económica y laboral producto de la COVID-19 está haciendo que las personas ya vulnerables sean aún más vulnerables a la explotación y la trata de personas”, advirtió Philippe Vanhuynegem, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.

@luforero4