Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

Han pasado más de 40 años sin que las víctimas de la noche oscura que vivió este país de mayo de 1980 a noviembre de 2000, sean reparadas en forma integral, ni la búsqueda de desaparecidos, vivos o no, sea exitosa.

A la fecha, son 3 722 comunidades y organizaciones de desplazados inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), en espera de una medida de reparación.

Para ese propósito se destinarán 10 millones de soles en proyectos de comedores populares, crianza de ganado vacuno, electrificación, infraestructuras educativas, producción agrícola, piscigranjas, plantas procesadoras de queso, sistemas de riego agrícola, y sistema comunitario de agua potable. Cinco de esos proyectos se ejecutarán en Huancavelica y los demás en 10 regiones más.
Javier Ciurlizza, secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú (CVR) durante los últimos 20 años, 13 de los cuales la ha pasado en Colombia “conectando con diversos procesos de justicia transicional”, escribió “Lecciones de la Comisión de Verdad del Perú para Colombia”.

Los extranjeros en el Perú somos bienvenidos; sin embargo, los que infrinjan sus leyes serán deportados a su país de origen después que paguen la condena por el delito cometido, y en adelante no podrán reingresar a este país.
Una de las cárceles más violentas y sobrepobladas de América Latina, el Penal de Lurigancho en Lima, fuera de la magnitud de esa fama, se lleva la de estar impidiendo que la población escolar que vive en esa zona, reciba clases virtuales; porque el wifi está bloqueado donde se ubica el penal.

Algunos problemas estructurales que se han identificado del Sistema de Justicia es la falta de interoperabilidad, la lucha contra la corrupción y la elevada carga procesal.

Para atender la alta carga procesal se han designado gran número de jueces provisionales y supernumerarios que siguen esperando, que como se les prometió sean incorporados definitivamente a la plantilla.

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia aprobó la “Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia”, que prevé 200 acciones para lograr una justicia eficaz, célere y transparente en beneficio general.

Algunas de esas acciones son impulsar la gobernanza de datos, promover el acceso universal a la justicia, modernizar los procesos no penales y penales para darles celeridad, reformar el sistema penitenciario, mejorar las condiciones laborales de los servidores y dar un vuelco al ejercicio y formación para la abogacía.

De los 68 establecimientos penitenciarios que hay en el Perú, cuya población carcelaria es menos de 100 mil internos, sólo 5 penales disponen de Telemedicina.

Se sostiene que dentro del poder judicial existen dos grandes problemas institucionales: la falta de verdadera representación en el presidente del poder judicial y en los presidentes de todas las cortes superiores de justicia.
Segundo, la corrupción, “pues la forma de elección de sus representantes en las respectivas presidencias generaría un lobby judicial, toda vez que grupos mayoritarios de jueces supremos o superiores, al momento de elegir a su presidente, funcionarían como un frente contra aquel magistrado que no forma parte de ellos”.

Por la anterior situación, se modificaría el sistema de elección de esos altos funcionarios.

El contrato sobre la construcción de mega penal de Ica se volvió un lío: están embolatados 82’085,785.12 de soles entregados por adelanto y de materiales a “Consorcio Ejecutor Ica”, que ahora se tira la pelota con “La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.” y el 17º Juzgado Civil Comercial de Lima. El contrato fue declarado nulo en enero de 2020.

Sigue el festín con los bienes decomisados a la delincuencia y el crimen organizado y que administra PRONABI; incautos siguen cayendo en las redes de mafias que ofrecen vender muebles, inmuebles y vehículos.

@luforero4