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Con un puntaje de 38 sobre 100, nuestro país mejoró dos puntos con respecto al año pasado y ocupa ahora el puesto 94 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, evaluación anual que realiza Transparencia Internacional a más de 180 países y que presentó hoy a nivel mundial.

En el año 2018, con 35 puntos y ubicado en el puesto 105, el Perú registró su peor desempeño en este instrumento de medición. Entre 2019 y 2020, mejoró ligeramente tres puntos y escaló once posiciones. Para Samuel Rotta, Director Ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, este avance puede explicarse tanto por las investigaciones de casos de corrupción como por las recientes reformas adoptadas en este periodo, en particular sobre el sistema de justicia y el sistema político.

A nivel de las Américas, nuestro país se ubica entre Brasil y Suriman en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020.

En efecto, durante el 2019 se incorporaron varias reformas para brindarle más autonomía y control al ejercicio de la justicia, como respuesta al escándalo de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que expuso una vasta red de intercambio de favores dentro de las más altas esferas del sistema de justicia y que se extendía a políticos y empresarios.

En cuanto al sistema político, aunque las resistencias fueron mayores, se aprobaron el año pasado cambios importantes como la prohibición de que personas sentenciadas en primera instancia postulen a cargos de elección popular y el fortalecimiento del régimen de supervisión y sanción de las finanzas partidarias. Además, se avanzó con la primera votación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, reforma constitucional que espera una segunda votación por parte del actual Congreso de la República.

Sin embargo, advirtió que, a pesar de la mejora, el Perú aún se mantiene en el grupo de países con una elevada percepción de corrupción.

“A la situación de corrupción sistémica que aqueja al Perú históricamente, se puede sumar la inestabilidad política que ha sido constante en estos últimos años, dentro de la cual la corrupción y la presencia de intereses subalternos detrás del ejercicio del poder han tenido un papel protagónico, así como las extendidas sospechas de mal uso de los recursos públicos para enfrentar la COVID-19”, indicó.

También señaló que los avances en las investigaciones contra la gran corrupción, que han enfrentado muchas dificultades para avanzar en medio de la situación de emergencia sanitaria, deben empezar a mostrar resultados. “El Bicentenario debería ser el año de los juicios emblemáticos. Es necesario superar las limitaciones actuales y no perder la oportunidad de sancionar con contundencia a los responsables”, afirmó Rotta.

Recalcó que el próximo gobierno tiene el reto de fortalecer y profundizar las reformas iniciadas, retomar aquellas que están estancadas (como el servicio civil o las contrataciones) y garantizar la autonomía de las investigaciones contra la gran corrupción.

“Es necesario que la ciudadanía evalúe tres cosas en sus candidatos o candidatas de preferencia: propuestas concretas, hojas de vida limpias y cuentas claras”, finalizó.