De los 35 países miembros de la OEA, Perú ocupa este año el puesto 24, con 37 puntos sobre 100. Por contraste, Canadá obtiene la mejor ubicación (82 puntos de 100), siendo considerado el país con menor percepción de corrupción.

“Nos encontramos en el último tercio de una de las regiones que aporta el mayor número de países en los que se perciben niveles muy graves de corrupción. Por debajo se encuentran países con valores extremos de corrupción, como Honduras, México, Paraguay y Venezuela” dijo Walter Albán, Director Ejecutivo del capítulo peruano de TI, Proética.

 

La mejora con respecto al índice del año 2016 (de 35 a 37 puntos) probablemente se encuentre estimulada por los avances hechos por el Ministerio Público en las investigaciones sobre los grandes casos de corrupción. Sin embargo, se trata de una diferencia muy poco significativa, más aún, si se considera que esta última medición ha incluido a más países que el año anterior (180 frente a 176 en 2016) y, sobre todo, que las fuentes consultadas para elaborar el índice produjeron sus resultados antes del mes de diciembre, que es cuando se discutió en el Perú la cuestión de la vacancia presidencial y tuvo lugar el cuestionado indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori por parte del actual gobernante, Pedro Pablo Kuczynski.

 

Si hiciéramos una comparación con la escala de calificación escolar, los resultados de las mediciones realizadas desde 2012 hasta el 2017, le ponen al Perú una nota desaprobatoria menor a 08. “No solamente nos encontramos estancados en niveles graves de corrupción, sino que, a la luz de los últimos acontecimientos en el país, es probable que esta situación pueda todavía empeorar”, puntualizó Albán.


Proética considera que las expectativas por las investigaciones de la Fiscalía, hacen indispensable cautelar su autonomía frente a los poderes políticos y económicos que se advierten detrás de las amenazas que viene recibiendo el actual Fiscal de la Nación.

 

Además, debe recuperarse la agenda anticorrupción entregada por la Comisión Presidencial de Integridad a fines de 2016, particularmente en lo preventivo, en cuanto se refiere a conflictos de intereses de los altos funcionarios, transparencia y control de los proyectos de infraestructura y, cuando nos encontramos tan próximos a nuevas elecciones regionales y municipales, transparencia y control del financiamiento de las campañas políticas.