Por: Alberto Vergara, profesor Universidad del Pacifico - Lima  (publicado el 8 de marzo 2018)

NEW YORK TIMES | Una comunidad sana, ha teorizado Javier Cercas, debe poseer tres tipos de individuos: un maestro que enseña a vivir, un médico que ayuda a morir y, por último, una persona que dice no.

Cableados como estamos la mayoría de nosotros para seguir tendencias y decir que sí a cuanto se nos ofrece, las sociedades requieren de individuos excepcionales y capaces de rebelarse con un rotundo no y así preservar la dignidad de la comunidad. Pobre de la sociedad que necesite héroes, sentenció el Galileo de Brecht. Más pobres aquellas que no los produzcan, retrucaría Cercas.

Ante la corrupción que anegó América Latina en la última década uno se pregunta: ¿dónde están quienes dijeron no a la corrupción? Cada uno podrá buscar a este imprescindible individuo en su propio país, pero en el Perú resulta difícil distinguirlo. Lava Jato y Odebrecht han dejado la diáfana impresión de que nuestros líderes fueron incapaces de negarse al dinero fácil.

Y se podía esperar que lo rechazaran. Si no por convicción, al menos por miedo. Durante los noventa, el país padeció uno de los gobiernos más corruptos de su historia. Doscientos funcionarios cercanos a la gestión Fujimori fueron sentenciados por algún delito de corrupción.

Es decir, sorprendentemente, a la sempiterna corrupción siguió la rara sanción.Esto debería haber constituido un disuasivo a nuevas trapacerías durante la recuperada democracia de los 2000. No lo fue. En el año 2004, según investigaciones fiscales y periodísticas, el expresidente Alejandro Toledo negoció un soborno de 30 millones de dólares con Odebrecht a cambio de otorgarle la construcción de la carretera interoceánica que conectaría Perú y Brasil. Finalmente, solo habría recibido veinte millones, ya que Odebrecht no consiguió el tercer tramo de la vía. Toledo vive en Estados Unidos, prófugo de la justicia.

Entre 2006 y 2011 Odebrecht vivió su lustro dorado. Alan García era presidente y miles de millones fueron otorgados a proyectos realizados por esta empresa. Seis funcionarios de dicho gobierno, incluyendo un viceministro, han sido encarcelados por coimas de más de 8 millones de dólares. García tiene una investigación abierta por tráfico de influencias. Más allá de lo que establezcan los tribunales, los limeños ven a diario la prueba última de la estrecha relación entre García y Odebrecht, pues la bahía de Lima es dominada por un Cristo enorme que la empresa ofrendó al expresidente. Si el de Río de Janeiro es el Cristo del Corcovado, los limeños bautizaron al suyo como el Cristo de lo Robado.

Odebrecht no solo corrompió políticos y funcionarios. Como documentó Malú Gaspar en un reportaje notable en la revista Piauí, para hacerse de las grandes obras de infraestructura, debió coludirse con empresas y empresarios nacionales. Según funcionarios de Odebrecht, sus socios locales estaban al tanto de los sobornos y aportaban a dichos "gastos".

Hoy el expresidente Ollanta Humala está preso preventivamente porque habría recibido dinero de Odebrecht para sus campañas. El mandatario Kuczynski dedica su presidencia no a gobernar, sino a ver cómo disimula sus múltiples y ahora públicas relaciones con Odebrecht; las cuales hasta hace poco negaba categóricamente.

La acción de Odebrecht y otras constructoras brasileñas fue más sutil que la del soborno descarado. Como ha declarado Marcelo Odebrecht y ha confirmado Jorge Barata, su brazo ejecutor en Lima durante más de una década, la empresa apoyó a casi todos los candidatos con oportunidades de ganar la presidencia en 2006 y 2011. Han brindado montos exactos. Siendo una empresa con una división entera dedicada al pago de sobornos, no es difícil presumir que, aun si recibir dinero de empresas para campañas no constituye delito, estas contribuciones fuesen una suerte de sobornos diferidos y difusos entre potenciales gobernantes. Según Barata, bebieron de esa misma agua envenenada los expresidentes Toledo, García y Humala, el actual presidente Kuczynski, la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y la dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori. No hubo quien dijera no.

¿Por qué nadie puede decir no? Pregunta dolorosa.

La Constitución peruana afirma que el presidente "personifica" a la nación. No podemos quitarle la nalga a la jeringa, la pregunta nos involucra. Por lo pronto, sugiero leer La pasión de Enrique Lynch de Richard Parra publicada en 2014.

Esta novela corta es el extraordinario relato sobre el siglo XIX peruano de la mano de un hombre de negocios que es una suerte de ancestro carnal de Barata. Ingeniero norteamericano llegado de Chile, hace fortuna realizando obras públicas que consigue con sobornos e intimando con lo más fino de la sociedad limeña. Promete modernización a través de obras y le pagan con el dinero del booming commodity de la época: el guano. Parece calco. O sea, poseemos un par de siglos de experiencia. ¿Qué pasa en nuestras élites políticas y económicas que desde siempre han sido receptivas con los embajadores de la corrupción?

Aunque la pregunta es enorme y caben infinidad de hipótesis, es indispensable observar la relación de estos actores con las instituciones que los rigen. Nuestros líderes políticos y económicos prosperan bajo las instituciones informales del particularismo: dinero para mi campaña, tolerancia con la corrupción de mis acólitos y recursos para aceitar a mi clientela. Sin embargo, según la ley formal, ellos mismos deberían reforzar la institucionalidad del interés general. Oh, paradoja, deben fomentar las instituciones formales que combatan las instituciones informales del particularismo desde las cuales prosperan. No ocurre.

Los peruanos hemos sido testigos de esto una y otra vez. Con el congreso anterior (2011-2016) el Congresista Juan Pari realizó un excelente informe de investigación sobre la actuación de las constructoras brasileñas en el Perú. Congresistas de todos los partidos decidieron que se engavetara.



Solo adquirió actualidad cuando las justicias brasileña y estadounidense revelaron lo sucedido en el Perú. Algo similar ha ocurrido cuando se quiso fortalecer la unidad de investigación de delitos financieros del poder judicial o al fiscalizar las "donaciones" a las campañas. Y recordemos que grupos empresariales hacían cabildeo para que en los procesos por corrupción se sancionase al funcionario y no al privado.

Tras el canto solista de Jorge Barata, ingresa el coro podrido de la política peruana. Obviamente, nuestros políticos ignoraban todo. La tragicomedia es mayúscula. Renuncian a partidos, dibujan caras de sorpresa, hay quien ya tomó un avión al extranjero y acusan de corruptos a otros políticos por actos casi idénticos. El desprecio por la ciudadanía es indisimulado, nos tratan de idiotas en nuestra cara.

Ante la crisis, la primera reacción es deshacernos de este elenco acostumbrado al sí. Pero está probado que nuevos actores también pueden tener el sí fácil. Más bien, la crisis abre oportunidad para hacer ciertas reformas institucionales que, al menos, cierren la puerta al ingreso de dinero sucio en las campañas electorales. Después de todo, si el individuo ejemplar que dice no preserva la dignidad de la comunidad, son sus instituciones ejemplares las que permiten la prosperidad en el largo plazo.

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Comisión investigadora del caso ‘Lava Jato’, legislador Juan Pari Choquecota - 2016

El presidente de la Comisión investigadora del caso ‘Lava Jato’, legislador Juan Pari Choquecota, sostuvo que a la luz de las investigaciones realizadas se puede decir que hay indicios suficientes para afirmar que hubo coimas en los procesos de obras realizadas por las empresas brasileñas, debido a los grandes beneficios y excesivas ganancias que se dieron.

Fue luego de varias horas de sesión reservada, donde se evaluaron tres informes finales de lo actuado durante seis meses. Pari Choquecota sostuvo que finalmente asumirá en informe en mayoría a la que se llegó con la votación de los legisladores que representan a los partidos de gobierno de los tres gobiernos investigados (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala).

Sin embargo, también anunció que presentará un informe en minoría donde expresará su particular punto de vista, al igual que lo hará Fuerza Popular; porque a su criterio el informe en mayoría habría desaprobado la esencia de la investigación. Como presidente de esta comisión deseo que las cosas no queden impunes, advirtió

“El país tiene que conocer lo investigado, los beneficios que han existido para las empresas brasileras, probables coimas en este proceso, porque simplemente hubieron grandes beneficios y sobreganancias, explicó.

“Lo curioso es que se han visto casos como Chacas, que tiene la misma naturaleza de las obras del gobierno regional de Ancash y el de Línea Amarilla, esos sí fueron votados; pero los que involucran a los realizados por el gobierno central durante los tres regímenes pasados, en ellos hubo una votación concertada”, afirmó Pari.

“Las coimas no se realizan en abstracto, se dan en concreto en referencia a obras y tiene que partirse del análisis de los respectivos proyectos y del análisis de cómo se han venido beneficiando a las empresas brasileñas, tanto con favores políticos y favores que se traducen en ganancias”, detalló.

“Se ha investigado obras como IRSA, que cruza tres gobiernos; el caso Olmos, el caso Huachipa, el Gasoducto Sur, encuentro que no hay voluntad política para que se conozcan estos resultados. El informe en mayoría no involucra estos temas”, dijo.

El congresista asimismo comentó que la comisión ha tenido diversas dificultades por el corto tiempo y la falta de protocolos de investigación conjunta con otro país, como fue el objetivo a investigar.

Finalmente, hizo votos porque los informes que se emitan sean puestos a discusión en la próxima sesión del Pleno ‘porque es necesario que el país conozca lo sucedido con el accionar de las empresas brasileras en el Perú.

Una de las recomendaciones a las que se arribó fue que todo lo investigado deberá ser enviado al Ministerio Público para su análisis e imputación de responsabilidades. ”El análisis de esta instancia decidirá si hay delito de índole penal”, comentó el legislador.

El legislador Mauricio Mulder afirmó que no se ha encontrado desbalance patrimonial que expliquen pagos de coimas en ningún funcionario peruano, de manera que se debe profundizar la investigación. “Se ha votado en base a lo que se tiene, que no es concluyente, porque todavía se debe seguir investigando en el propio Brasil” advirtió.

“Cuando hemos analizado los movimientos migratorios, financieros, bancarios e informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de todos los funcionarios públicos que tuvieron que ver con las empresas brasileñas, no se ha encontrado ningún caso que amerite el motivo de una coima, salvo dos casos, en el resto no se ha encontrado desbalances”, dijo. (EPA)