La Procuraduría General del Estado, a cargo del procurador Daniel Soria, ha solicitado 67.771.048 soles de reparación civil a favor del Estado por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022. El requerimiento se hizo ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien deberá determinar si la referida institución es admitida como actor civil en el proceso por rebelión que se le sigue al exmandatario.

Además de Castillo, el monto requerido por la Procuraduría también sería abonado, de ser hallados culpables del fallido golpe de Estado, por los expremiers Aníbal Torres y Betssy Chávez; y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Mincetur).
 

Los exaltos funcionarios son investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de rebelión, alternativamente conspiración. Solo en el caso de Castillo Terrones se le investiga, además, por abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

A medida que avanzan las diligencias, la Procuraduría podría incrementar el monto para la reparación civil.

"Esta Procuraduría General del Estado se reserva el derecho de variar y/o incrementar el monto postulado, tanto por daño patrimonial, como por daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado peruano, en función de mayores y nuevos elementos de convicción que surjan de la investigación y que acrediten los daños generados al Estado peruano", se lee en el documento.
Investigados con medidas

Los cinco implicados en el fallido golpe de Estado se encuentran con medidas coercitivas dictadas por el Poder Judicial. Pedro Castillo es el único de este grupo al que se le impuso prisión preventiva por un periodo de 18 meses, los cuales los cumple en el penal de Barbadillo.

En tanto, Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Oliva y Sánchez Palomino tienen comparecía con restricciones.

Fuente: La Republica