Ante el juez Rafael Martínez Vargas, la defensa del expresidente Alberto Fujimori, a cargo del abogado César Nakazaki, solicitó desestimar y archivar la denuncia de la fiscalía por las masivas esterilizaciones forzadas en la década de los años 90.

Previamente, Nakazaki, la fiscalía y los abogados de las víctimas discutieron sobre la forma en que se realizaría la traducción simultánea de su intervención al idioma quechua.

Nakazaki planteó que esta se realice con posterioridad, es decir cuando él haya concluido de hablar, para no interrumpir el desarrollo de sus ideas.

La sustentación de cargos se realizó en forma simultánea. Es decir, el fiscal habló por cinco minutos y el intérprete tradujo a continuación. Dado que la audiencia es virtual, no hay otra forma de realizarla.

Las víctimas y la fiscalía se opusieron al planteamiento de la defensa de Fujimori. Argumentaron que la idea central es que las víctimas sientan que están participando en el proceso judicial, lo que no se logra si se les excluye del debate.

El fiscal recordó que la traducción demoraba más tiempo que la intervención en idioma español y, entonces, dependiendo del tiempo usado por la defensa se podía dar el caso de que se realicen una o más audiencias donde solo estarían el interprete y las víctimas.

Luego de escuchar ambas posiciones, el juez dispuso que se siga el procedimiento ya establecido. Nakazaki expone por 10 minutos y se traduce.

El abogado defensor planteó que la denuncia contra Fujimori, que incluye a los exministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y el congresista electo de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga, sea rechazada y se archive definitivamente.

Nakazaki sustentó que los delitos que se les atribuyen de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte se encuentran prescritas, por el paso del tiempo desde que ocurrieron los hechos.

Además, subrayó que estos delitos no se encuentran dentro de la lista de ilícitos considerados imprescriptibles por la jurisdicción penal internacional contra los derechos humanos.

Igualmente, que tampoco suponen un delito de genocidio, por lo que no les alcanza la prohibición de impunidad, por lo que el juez no tendría impedimento legal para archivar.

Programa gubernamental de Fujimori

El fiscal Pablo Espinoza ha sustentado que el programa de esterilizaciones forzadas del régimen de Alberto Fujimori estuvo destinado a afectar la capacidad de reproducción de un sector empobrecido de la sociedad peruana, con fines económicos. La idea era disminuir la población en extrema pobreza y evitar que se reproduzca.