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Política Nacional Penitenciaria, baja la guardia

Este año vence la Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020, sin que haya logrado combatir uno de los principales problemas del sistema carcelario, esto es el hacinamiento de la población interna.

En el penal El Milagro, donde serian frecuentes las reyertas con muertos, no hubo multiplicación de pollos; en otras cárceles deben hacer racionamiento de agua potable y luz, porque no hay dinero en el presupuesto; o se ven devastados talleres en los que no pueden trabajar los internos.
En el penal El Milagro, donde serian frecuentes las reyertas con muertos, no hubo multiplicación de pollos; en otras cárceles deben hacer racionamiento de agua potable y luz, porque no hay dinero en el presupuesto; o se ven devastados talleres en los que no pueden trabajar los internos.

 

Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho 

 

“Luego, cuando el juez le declaró a mi abogado

que me hundiría en la cárcel, ¡Huimos!” (La Vorágine)

 

Este año vence la Política Nacional Penitenciaria y Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020, sin que haya logrado combatir uno de los principales problemas del sistema carcelario, esto es el hacinamiento de la población interna en cárceles, todas a reventar demográficamente porque han sobrepasado su capacidad.

 

La mayoría de los objetivos y metas del Plan Penitenciario 2016-2020, han quedado prácticamente redactados, y pasado de mano en mano por la interinidad característica de los cargos que tienen ver con el tema penitenciario. Las directrices dictadas sobre el particular, tampoco proponen una política criminal de género que ampare a las internas, especialmente las embarazadas, adultas mayores o madres con hijos menores de 3 años, permitiendo a ellas una verdadera resocialización.

 

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo “En general, las mujeres privadas de libertad enfrentan la imposición de un régimen que fue diseñado sin tener en cuenta las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres.”

 

Es cierto que algunos son culpables, otros inocentes, sindicados los unos de cometer delitos atroces; otros presuntos autores de conductas que no ameritan llevarlo tras las rejas.

 

Igualmente se ha dicho que los jueces siempre prefieren ver al reo tras los barrotes, debidamente asegurado mientras por años adelanta la investigación.  En el Perú el nivel de internos sin condena llega al 40%. Las personas privadas de la libertad han sido consideradas en los planes gubernamentales sujetos para producir gruesos estudios atiborrados de números, de citas y de excelente bibliografía, pero no han conservado el mismo impulso a la hora de materializarlo.

 

En estas semanas prima un clima de tensión mayor que el común y corriente por el "anillo de seguridad sanitario" y la suspensión de visitas en las cárceles; de lo contrario se haría más evidente el hacinamiento que las aqueja, cuyo índice varía según la fuente que proporcione el dato. Hay penales que en día de visita se hace difícil la respiración.

 

 

 

 

                    En la actual emergencia sanitaria, el covid-19 llegó a las cárceles, encontrando a todo su personal literalmente con “los pantalones abajo”; sin mascarillas, guantes y personal de blanco; y muchos establecimientos sin artículos para botiquines, desinfección y limpieza El personal de seguridad desarrolla su labor con no pocas dificultades y muchas limitaciones.

 

                   


 

 

Después que se supo de la muerte de dos funcionarios del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) a causa de la covid-19 en Callao y Chincha, el gobierno anunció una partida de 10 millones de soles para elementos de protección a los trabajadores carcelarios.

 

El organismo encargado del manejo de los 68 recintos penitenciarios del país, donde siguen ocurriendo motines, es el INPE, que con ocasión de la covid-19 en los penales de la Región Lima ha adicionado a la ración alimenticia un cuarto de pollo adicional. La misma suerte no la corren los demás encarcelados en las Regiones; en todos los penales, contra expresa prohibición de ingresar paquetes, ahora se permite llevarles lo necesario “para complementar la alimentación de los internos y la atención de salud”. Por la “ley” que impera en las cárceles (lo que pasa aquí, se queda aquí), muchas riñas mortales no trascienden a los medios de comunicación.

 

En el penal El Milagro, donde serian frecuentes las reyertas con muertos, no hubo multiplicación de pollos; en otras cárceles deben hacer racionamiento de agua potable y luz, porque no hay dinero en el presupuesto; o se ven devastados talleres en los que no pueden trabajar los internos. Empero, no faltan los penales en las que sus directivos meten el hombro en favor de los reclusos; los televisores de los internos que estaban malogrados en cierto penal, los mandaron reparar o reemplazar por nuevos.

 

 

 

Esto sin mencionar las cárceles que se están cayendo por ser construcciones del siglo pasado que, al desbordar su capacidad, les levantaron edificaciones adicionales inadecuadas o se han venido deteriorando poco a poco, sin que siquiera unos resanes y una mano de pintura les apliquen.

 

En este país, similar a otros, de parte de los jueces se tiene a la mano una herramienta fácil mientras se investiga:  la prisión preventiva, de la cual saltan a la vista no pocos abusos y yerros, y que, de modificarse por otra alternativa, por ejemplo, la detención domiciliaria, contribuiría a desocupar celdas.

 

En el informe “Retos del sistema penitenciario” del año 2018 de la Defensoría del Pueblo, el organismo encontró una superpoblación del 128%; siete años antes, en el 2011, era del 75%.  Hoy es del 134.2%.  Para esa entidad, “El sistema penitenciario, último eslabón del sistema penal, suele ser con frecuencia el más olvidado y descuidado”. Ha pasado bastante tiempo sin que la legislación peruana “se adecúe a los estándares constitucionales internacionales que protegen los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

 

En Perú    estaría próximo a decretarse una emergencia carcelaria, aprovechando las facultades extraordinarias que tiene el Ejecutivo; para no llegar a los estimativos que en el año 2035 la población penitenciaria llegaría a los 222. 487 internos; es decir un 282% de hacinamiento con las repercusiones sanitarias que abarcaría tamaño número de personas confinadas en cuatro paredes. Temporalmente se expediría un decreto supremo para descongestionar las cárceles que contemplaría la  sustitución de  la detención intramuros a una domiciliaria, en los eventos que no se haya dictado sentencia condenatoria por el delito que se le  imputa;  la vigilancia electrónica o las herramientas que coloquen a disposición del procesado o condenado en extramuros; la inmediata libertad por la vulnerabilidad del interno ( adultos mayores, personas en condición de discapacidad, indígenas,  enfermos de VIH,TBC, diabetes y cáncer), y el traslado de extranjeros a su país de origen. Por ahora podrán obtener su libertad unos 2700 internos si cumplen con pago de deuda por alimentos.

 

Referente a las alternativas normativas que faciliten una salida anticipada de estas personas, la Defensoría del Pueblo manifestó que “se deben optimizar esfuerzos para que lleguen a la mayoría de las personas privadas de libertad, conforme es lo que se espera, como mujeres gestantes y madres con hijos en penales”.

 

@luforero4

 

 

 

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