Por: Gustavo Mohme Llona

La reevisión de los 18 peajes incluidos en las concesiones Línea Amarilla y Rutas de Lima a las empresas brasileñas OAS y Odebrecht es legítima y necesaria, luego de confirmarse las operaciones ilegales y dolosas alrededor del financiamiento de la campaña por el No en la revocatoria de la ex alcaldesa Susana Villarán. También luego de saberse, como ha documentado este diario, que la venta de estas concesiones se realizó cuando los más altos directivos de dichas empresas cumplían prisión.

En la revisión que ha prometido el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y para una probable nulidad de estos contratos debe tenerse en cuenta que ya el año 2016, en la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio, el informe del entonces congresista Juan Pari, antes de la venta de esas concesiones, advirtió que estas eran lesivas para los intereses de la Municipalidad de Lima y que beneficiaban en extremo a las compañías brasileñas. Es más, la Contraloría reportó en su momento que la concesionaria Vías Nuevas de Lima, antes Rutas de Lima, aumentó las tarifas de los peajes sin haber cumplido con la ejecución de las obras obligatorias objeto de la concesión lo que le permitió tener ingresos adicionales, sin ser sancionada por la municipalidad.


Esta revisión es imprescindible además por una razón de fondo y de principios; es la punta del iceberg, el escandaloso botón de muestra de un modelo de concesión lesivo al Estado y cuyos principales perjudicados son los usuarios de las vías de transporte -consumidores con derechos desprotegidos- que pagan peajes costosos.

Un primer problema de estos contratos es su secretismo. Ninguna autoridad pública ha podido explicar las razones por las cuales los estudios financieros, que miden la rentabilidad tanto para el concesionario como la prestación del servicio son confidenciales y porque el proceso de negociación carece de transparencia, participación y validación por organismos llamados a la supervisión ex ante.

Los estudios realizados sobre contratos específicos están repletos de hallazgos. El concesionario asume la menor cantidad de riesgos especialmente recurrentes, contrata seguros incompletos, es indemnizado por siniestros que no dependen del Estado, no se obliga a un estándar mínimo de calidad del servicio, en tanto que los plazos para la ejecución de obras son flexibles y fácilmente prorrogables. Ya es un clásico peruano las concesiones autorizadas a “hacer caja” varios años para construir la carretera con el pago del peaje. Es el momento de decir basta.

Fuente: LaRepublica