En atención a la demanda ciudadana observada en las regiones y provincias del país, la Contraloría General presentó un proyecto de Ley que propone reactivar importantes obras públicas y proyectos que están paralizados -principalmente por incumplimientos contractuales, deficiencias técnicas, limitaciones presupuestales, arbitrajes, entre otras causas- postergando la atención de necesidades básicas de la población.
 
El 04 de marzo de 2019 se presentó ante el Congreso de la República la iniciativa “Ley que garantiza la continuidad de proyectos de inversión para la provisión de infraestructura u obras paralizadas” que promueve preferentemente la reactivación de las mencionadas obras –específicamente de las que se encuentran con un avance físico superior al 80%- en los sectores de salud, educación, saneamiento, riego, agricultura, transportes y para la prevención de desastres.
 
Panorama actual

Un estudio exploratorio de la Contraloría General señala que en el país existen 867 obras públicas o proyectos paralizados, que representan una inversión de más de 16 mil millones de soles, las mismas que no se han culminado principalmente por causa de deficiencias o incumplimientos contractuales, limitaciones presupuestales, arbitrajes, entre otras.
 
Esta es una problemática social evidenciada por la Contraloría durante las jornadas de trabajo que realiza en las regiones y provincias del país, donde se observó que muchas obras públicas a cargo del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, como hospitales, centros de salud, colegios, obras de agua potable y alcantarillado, tienen un alto porcentaje de avance, pero se mantienen inconclusas o que casi culminadas pero no pueden ser puestas al servicio de la ciudadanía por controversias entre la entidad pública y la empresa contratista.
 
A nivel del gobierno nacional son 495 obras en suspenso, mientras que a nivel de los gobiernos regionales el panorama es similar con 372 obras que se mantienen en la misma situación.
 
La propuesta
 
El proyecto de Ley de la Contraloría plantea que todas las entidades públicas que tengan a su cargo obras paralizadas por un periodo mayor a 6 meses, y que registren un avance físico igual o mayor al 80%, puedan acogerse a un régimen excepcional que les permita tomar el control, y poder culminar la obra, sin perjuicio del arbitraje u otra controversia que pueda estar en curso.

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La Contraloría ha identificado que más de 174 obras paralizadas, con un avance de ejecución entre el 80% y 100% y que se configuran entre los requisitos planteados por el proyecto de Ley, se podrían acoger a los beneficios que se plantea para reactivar los proyectos, que representan una inversión contractual superior a los S/ 3, 434 millones.
 
En el rango de 80% a 90% de ejecución, la mayoría de obras paralizadas corresponden a los sectores de educación (15), agricultura (15), vivienda, construcción y saneamiento (12), transportes (7), salud (3) y energía y minas (3), con un saldo a ejecutar por más de 134 millones de soles. Asimismo, en el rango de 90% a 100% de ejecución, las obras inconclusas están encabezadas por el sector educación (34), vivienda, construcción y saneamiento (31), agricultura (27), transportes y comunicaciones (16) y salud (5), entre otras.
               
Por ejemplo, entre las obras que se encuentran en esta situación, tenemos el caso del hospital San José, de Chincha, en Ica, por un monto contractual superior a los 28 millones de soles, que tiene un avance del 92% pero que está paralizada como consecuencia de un arbitraje. La puesta en operación del nosocomio permitiría reducir los niveles de mobimortalidad y el porcentaje de enfermedades no tratadas, en una población de 55,269 habitantes.
 
Otra caso es el de la obra de agua potable y alcantarillado del distrito de Loma, en Piura, por más de 24 millones de soles, que tiene un avance del 98% y también está paralizada por un arbitraje. La culminación de esta obra permitirá la disminución de enfermedades infecciosas intestinales, parasitarias y de la piel 10, 747 pobladores de la zona.
 
La propuesta de la Contraloría General es una medida preventiva que contribuye a que las autoridades dispongan de herramientas para solucionar este problema. De aprobarse esta iniciativa, se dará un importante impacto social en el país, porque se culminarán con obras públicas paralizadas hasta por décadas, en beneficio para la población, y se reactivará la economía nacional.

Requisitos
 
Según la iniciativa legislativa, para acogerse a los beneficios de esta norma, las entidades públicas del gobierno nacional y los gobiernos regionales, deberán contar con un informe técnico que acredite la paralización de la obra. Asimismo, deberán realizar una pericia técnica para determinar el estado actual, con la revisión del expediente técnico y la verificación de las partidas faltantes.
 
El plazo para acogerse a los alcances de lo que plantea la propuesta legislativa será de seis (6) meses luego de la entrada en vigencia de la norma.
 
Para mayor información, adjuntamos el proyecto de Ley y una presentación PPT sobre el tema.