EL MUNDO.es | Ni siquiera ha cumplido 15 meses sentado en el Sillón de Pizarro, pero el presidente peruano Pedro Castillo suma y sigue un escándalo tras otro. La Fiscalía de la nación presentó esta semana ante el Congreso una denuncia constitucional contra el mandatario, tras hallar indicios de que encabeza una organización criminal enquistada dentro del propio gobierno, con la que "controla los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas".

La Fiscalía ya ha abierto seis investigaciones en contra del presidente y su entorno y, en especial, su propia familia, además de ministros, congresistas, empresarios y colaboradores. Sobre la primera dama, Lilia Paredes, pesan acusaciones muy fuertes (delito de organización criminal en perjuicio del Estado) que le pueden llevar hasta diez años a la cárcel. El fiscal atribuye a Paredes un papel clave en el esquema de corrupción, "coordinadora" de la red de crimen organizado liderada por su marido.

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La primera dama adujo problemas de salud para evitar la vista en la que debía decidir si, tal y como solicitan los fiscales, se le aplica impedimento de salida del país durante tres años. El equipo del Ministerio Público ha comprobado como Paredes, de 49 años, se encargó del cobro de sobornos en la ciudad de Chachapoyas, capital del Departamento de Amazonas. Alegan peligro de fuga para que le sea retirado el pasaporte.

En esta maraña de corruptelas también participan presuntamente los dos hermanos de la primera dama, Walter y David Paredes, cuñados del presidente, amenazados con hasta 16 años de cárcel por delitos de lavado de activos y organización criminal. Según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Walter ejerció como testaferro de su grupo para recibir comisiones por adjudicación de las obras.

Tampoco se salva otra de las hermanas Paredes, Yenifer, considerada por la acusación como la lobista del grupo. El poder judicial sopesa si se mantienen contra ella los 30 meses de prisión preventiva dictaminados por un juez, que cumple actualmente en el Penal de Mujeres de Chorrillos, en Lima.

Los investigadores señalan a Yenifer como promotora de la red criminal del presidente: su labor consistía en contactar con los alcaldes para venderles las bondades de sus gestiones para el financiamiento de proyectos. También existen indicios de que realizaba movimientos de dinero por encargo de su hermana mayor. Yenifer, de 26 años, fue criada como una hija adoptiva por la pareja presidencial.

"Han golpeado a mi familia seriamente, a mí no me van a quebrar. Es parte de la lucha, vamos a seguir adelante, enarbolando un Perú más justo", se quejó Castillo tras la arremetida judicial contra su hija adoptiva. Unas investigaciones que también han impactado a su propia rama familiar, en este caso sus sobrinos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo.

Contra el primero, que se entregó a la Justicia, se realizó esta semana un allanamiento en su vivienda familiar en busca de documentos, lo que provocó la ira del presidente Castillo. "La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre", denunció el mandatario.

Los aliados del presidente aprovecharon que su madre había sufrido una intervención quirúrgica reciente para acusar a los fiscales de poner en peligro su salud. "Nuestra total solidaridad con la madre del presidente Castillo, que ha empeorado su salud, asociado a una complicación por daño psicológico adicional", subrayó Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre (PL), que presentó a Castillo como su candidato presidencial porque el propio Cerrón estaba inhabilitado por corrupción.

El otro sobrino, Fray Vásquez, se encuentra prófugo de la justicia desde hace seis meses, con recompensa de 30.000 soles (7.750 euros) para quien facilite su detención. Un juez le impuso en abril 36 meses de prisión preventiva, acusado de pertenecer a la misma red criminal presidencial.

La Fiscalía también hizo público esta semana las negociaciones secretas mantenidas entre el presidente peruano y Nicolás Maduro, con el objetivo de que el líder revolucionario acogiera en Venezuela a sus dos sobrinos y a su exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, quien se hizo famoso al esconder 20.000 dólares en el baño de su despacho presidencial.

Castillo negó las conversaciones con Maduro, pero desde la oposición se insiste desde hace semanas que Vásquez ya está refugiado en el país petrolero. También rechazó las acusaciones de que sus sobrinos hubieran usado el avión presidencial para sus desplazamientos. "Les informo que seguiré usando el avión presidencial para viajar a todas las regiones del país junto con los ministros, con las autoridades y el entorno de la familia presidencial. Queridos compatriotas, no nos van a intimidar", reiteró Castillo esta semana.

Mujer, hija adoptiva, sobrinos, cuñados... El círculo familiar de Castillo sufre el caso de fiscales e investigadores en un tiempo récord. Y si algo han demostrado a lo largo de los años es que no les tiembla el pulso para actuar contra presidentes, expresidentes y familiares.

El exdictador Alberto Fujimori, de 84 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y su hija, la excandidata presidencial Keiko, se enfrenta a una posible condena de hasta 30 años de cárcel por la financiación irregular de sus campañas y lavado de activos.
 

El expresidente Alejandro Toledo espera su extradición desde EEUU para rendir cuentas ante la justicia y el exmandatario Ollanta Humala y su mujer, Nadine Heredia, son juzgados actualmente por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y del líder revolucionario venezolano Hugo Chávez.

El poder judicial ha decidido prorrogar un año las investigaciones contra otro expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, que también pasó por la cárcel. Y quien fuera dos veces primer mandatario, Alan García, se suicidó minutos antes.

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