La creciente información sobre corrupción en contrataciones de obras de infraestructura va ofreciendo pistas de cómo se habría planeado asaltar los fondos públicos desde las más altas esferas del poder. Frente a ello, es indispensable que las investigaciones a cargo del Ministerio Público se conduzcan de la manera más diligente, garantizando su total autonomía frente a las acciones que, previsiblemente, buscarán entorpecerlas o instrumentalizarlas.

La crisis, sin embargo, va mucho más allá del caso en cuestión. En menos de un año, desde el Ejecutivo y el Congreso se han tomado decisiones que expresan una extraña coalición de intereses subalternos y un deseo por aferrarse al poder a como dé lugar. El adelanto de elecciones generales, con un mínimo de reformas a las reglas vigentes, constituyen un primer paso para salir de esta situación.

Sin la implementación decidida de reformas anticorrupción que reduzcan los incentivos para abusar del poder, nuestros esfuerzos por construir una república basada en la honestidad y el trabajo, están condenados a un nuevo fracaso y frustración. Esta agenda debe girar, principalmente, en torno a garantizar la transparencia de las decisiones públicas, el fortalecimiento de controles inteligentes y efectivos, así como revitalizar el servicio civil y revisar y modernizar las normas sobre contrataciones.

En esta hora tan difícil y decisiva, es necesario que la ciudadanía, las organizaciones sociales y económicas, y los poderes públicos encargados de resguardar la integridad de la república y la continuidad del estado de derecho, sumen voluntades en un esfuerzo nacional que reinstale el significado y la práctica de la ética en la vida pública.

Lima, 3 de junio de 2022

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