El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, señaló que la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en San José de Costa Rica, sobre el indulto del expresidente Alberto Fujimori y la acusación constitucional en el Congreso de la República contra los miembros del Tribunal Constitucional, será de obligatorio cumplimiento para las distintas autoridades del Estado.
Recordó que conforme al artículo 205 de nuestra Constitución, los peruanos tenemos el derecho de acudir a dicha instancia internacional, cuando no conseguimos que se protejan nuestros derechos fundamentales a través de la jurisdicción interna. En esa situación, tenemos expedita la posibilidad de acudir entonces a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética.
Además, recalcó que esta experiencia la vivimos muy intensamente los peruanos durante el gobierno autoritario de Fujimori, cuando los derechos fundamentales quedaron desprotegidos cuando bajo ese régimen fueron prácticamente intervenidos el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el Tribunal Constitucional.
Aunque manifestó que no podemos adelantarnos a lo que finalmente resolverá la Corte Interamericana sobre los asuntos que habrá de abordar, consideró preocupante que algunas autoridades de nuestro país, hayan insinuado desde ya que podrían no acatar lo que se resuelva si el resultado no es satisface.
“La defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción van de la mano, y no podemos permitir que nos escamoteen, como ha ocurrido con el pueblo venezolano, la posibilidad de acudir a estos organismos internacionales, cuando así corresponda conforme a nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Lo que decida la Corte, deberá ser cumplido a cabalidad”, finalizó.
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