El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró de suma importancia atender con sumo cuidado las consecuencias del fallo que emitió hace algunas semanas la Segunda Sala Penal Transitoria, que preside el Juez Supremo César Hinostroza Pariachi.



En esta decisión, la indicada Sala Suprema, sin motivo aparente, se pronunció en el sentido de que para que se configure el delito de lavado de activos, la Fiscalía debe demostrar primero que los procesados conocían lo suficiente sobre el origen ilícito del dinero recibido. Por lo demás, si bien este fallo se produjo en un caso concreto, adoptó la figura del precedente vinculante, con lo que, el mismo criterio, tendría que ser aplicado en cualquier caso futuro en esta materia.

 

Este fallo, (técnicamente llamado de casación), generó varios pronunciamientos de diversos especialistas señalando los riesgos de impunidad que acarreaba y mereció también el comentario crítico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad administrativa que, precisamente, investiga las ingentes operaciones de lavado en nuestro medio.

Ante esta preocupante situación, el Presidente del Poder Judicial convocó a una reunión especial de los Jueces supremos en materia penal, para revisar sus alcances. Como resultado de ello, hace pocos días la Corte Suprema decidió anular los efectos vinculantes (obligatorios) de esa cuestionada decisión anterior. En consecuencia, sus efectos ya no obligan a los jueces a resolver a futuro en el mismo sentido.

“Hizo bien entonces el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez al convocar un plenario de jueces para discutir este fallo, que, entre otros efectos, ha servido de base para días después de pretendiera archivar la investigación que se seguía al Sr. Joaquín Ramírez, ex Secretario General y mecenas del partido de la Sra. Keiko Fujimori”.

Teniendo presente lo ocurrido, Albán pidió a la ciudadanía no pasar por alto el rol que juegan algunos magistrados, cuya actuación pareciera revelar posibles lazos con el lado oscuro de la economía nacional, así como una larga cadena de intereses también comprometidos en ese propósito, que incluiría a algunos abogados con más ambición que escrúpulos, como señala una reciente investigación de Ojo Público.

“Debemos pues declararnos en alerta permanente, el enemigo acecha desde diferentes ángulos y necesitamos aprender a no caer en la tentación de descalificar a las instituciones, sino denunciar a quienes, parapetados en ellas, le siguen haciendo enorme daño al Perú”, finalizó.