Director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

La propuesta del Poder Ejecutivo para intervenir los gobiernos regionales involucrados en casos de corrupción es acertada porque contribuirá a garantizar la continuidad de las obras en beneficio de la población y complementará las acciones para combatir a ese flagelo, consideró el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

“Creo que tal como se ha planteado es una iniciativa positiva. Había la necesidad de crear mecanismos para que la población no se perjudique por la corrupción. Además tendrá un efecto complementario en la lucha contra ese flagelo”, señaló en declaraciones a la Agencia de Noticias Andina.

Comentó que en términos generales la iniciativa del Gobierno, anunciada por el jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, es valorada positivamente porque permitirá prevenir situaciones como las del gobierno regional de Áncash, el cual fue objeto de graves denuncias de corrupción a lo largo del año pasado.

“Existe la necesidad de establecer mecanismos para que ante esos casos no se perjudique a la población y garantizar que no se paralicen obras, contratos públicos y la ejecución del presupuesto”, aseveró.

Asimismo, dijo esperar que al momento de elaborar el mencionado proyecto de ley, el cual ha sido respaldado por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, se realicen todas las precisiones pertinentes para no vulnerar la autonomía de las regiones.

En opinión de Albán, esa iniciativa también deberá ir acompañada de un proceso de potenciación de las entidades encargadas de fiscalizar la labor de las regiones, especialmente de la Contraloría General de la República.

“Hay que revisar el trabajo de la Contraloría y de todas las instituciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la población reclama acciones más rápidas contra ese flagelo y ese debe ser un objetivo nacional”, acotó.

El pasado lunes, durante la exposición de la política general del gobierno en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano anunció la presentación de un proyecto de ley para que el Ejecutivo pueda intervenir en los gobiernos regionales y locales inmersos en casos de corrupción.

Fuente: ANDINA