El doloroso alto índice de mortandad, el incremento de la violencia de género, la grave situación de las comunidades y pueblos de la Amazonía y el retorno de la población a sus lugares de origen, entre otros aspectos en un escenario post pandemia, constituyen una tragedia que se sentía venir por las profundas desigualdades en el Perú y Latinoamérica.
A ello se suma, la violencia estructural acentuada por el neoliberalismo vigente, el orden social patriarcal y el patrón global de poder teñidos de racismo, que se traducen en el abandono de los derechos humanos fundamentales, el desconocimiento de las reales condiciones de vida de la mayoría de la población y la ignorancia de la heterogeneidad sociocultural y ecoterritorial de cada región.
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Esta son algunas de las conclusiones preliminares del estudio “Post pandemia, los movimientos de la sociedad y la autoridad pública social en el Perú”, de la investigadora sanmarquina Carolina Ortiz Fernández, publicado en la cuarta edición de la revista de investigación Espiral, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
El trabajo, que se aborda desde la descolonialidad del poder y la perspectiva de género, explora algunos de los factores por los cuales una significativa parte de la población trabajadora no acató el confinamiento social decretado tempranamente en el Perú; además de indagar de manera introductoria, las alternativas que se gestan y ofrecen desde las organizaciones sociales y los movimientos de la sociedad en un contexto post COVID-19.è
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En ese contexto, la investigadora señala que, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia de los pueblos en Perú y en América, la población organizada viene afrontando la crisis sanitaria, agravada con el incremento del desempleo y sus repercusiones en la vida cotidiana, mediante la solidaridad, la reciprocidad y el ayni, a través de los comedores populares, las rondas campesinas, los colectivos solidarios.
El estudio aborda las medidas paulatinas dadas por el gobierno peruano, como la declaratoria del estado de emergencia nacional y el confinamiento social que habilitó la cuarentena a partir del 16 de marzo, dispuso un conjunto de políticas sociales a fin de afrontar la pandemia y el trágico sistema de salud pública, y aprobó la suspensión perfecta de labores.
El llamado a la unión nacional para vencer la pandemia mediante spots oficiales difundidos en los medios de comunicación; el discurso sanitario y el racismo que exige limpieza, pero que resultan vacíos al ignorar las condiciones reales en que vive y labora la mayor parte de la población, en tanto numerosas viviendas y centros de trabajo precarios carecen de un debido acondicionamiento de agua y desagüe.
El discurso de aislamiento social obligatorio escuchado y comprendido por la mayor parte de la población, pero que no ha sido acatado a cabalidad porque su sustento depende de lo que vende cada día.
El pésimo transporte público a nivel nacional que afecta cada vez más la vida de la población trabajadora al movilizarla como aves enjauladas, situación que se hace insostenible, por el hacinamiento, la total incomodidad, ajena a toda condición humana, menciona la investigadora sanmarquina, al destacar la economía del cuidado constituida por todas las actividades que efectúan usualmente las mujeres en el ámbito familiar.
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