Publicado por el Instituto Peruano de Economia - IPE
    
    
Pese a que las estadísticas oficiales sugieren que la minería ilegal se ha reducido en Madre de Dios, la evidencia apunta a que aún persiste en esa región y que las estrategias de formalización no funcionarían adecuadamente.

Esta actitud permisiva del Gobierno frente a la minería ilegal dista mucho de la actitud poco diligente que se tiene frente a la minería formal.

Oro sin brillo

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la producción de oro en Madre de Dios se habría reducido en 84% entre enero del 2019 y enero del 2022. Gran parte de esa caída estaría asociada con la Operación Mercurio, una operación policial y militar iniciada en febrero del 2019 con el objetivo de erradicar la minería ilegal en La Pampa, una de las principales áreas de extracción en la región.

Sin embargo, las estadísticas oficiales no reflejan del todo la situación real de la minería ilegal en Madre de Dios. Según un estudio de la Unión Americana de Geofísica publicado en diciembre del 2021, si bien la Operación Mercurio detuvo temporalmente el área de extracción entre 70% y 90%, actualmente se estarían abriendo nuevos centros de explotación de oro.

Los investigadores estiman que, de mantenerse la tendencia observada, los niveles de minería ilegal superarían incluso el nivel antes de la intervención. Para Augusto Cauti, exviceministro de Minas, el alto precio del oro en el mercado mundial (más de US$1.900 por onza) y los menores recursos públicos disponibles para combatir la actividad ilegal ante la necesidad del Estado de priorizar la crisis sanitaria explicarían, en parte, estos resultados.

La mayor actividad minera en Madre de Dios se habría visto reflejada en una mayor demanda por combustibles líquidos, principal fuente de energía en las zonas de extracción aurífera. El consumo per cápita mensual de este recurso se ha incrementado en 34%, al pasar de 37 galones en el último trimestre del 2019 a 49 galones en el mismo período del 2021.

En contraste, en otras regiones de la Amazonía, la demanda se mantuvo constante y el promedio nacional se redujo en 4%. Además, el incremento del consumo de combustible en Madre de Dios resulta inconsistente con la evolución del PBI en esa región, que aún se encuentra 18% por debajo de su nivel prepandemia.

No existen incentivos

El programa de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no funciona como se espera. Según un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a que más de 90 mil mineros en el ámbito nacional han iniciado el proceso para formalizarse, solo el 2% lo habría completado.

Además, las múltiples prórrogas aprobadas a la fecha de cierre del registro –en diciembre del 2021 se extendió el plazo por tres años más– solo contribuyen a una mayor informalidad e ilegalidad de la minería en el Perú. El estudio de la OEA subraya su preocupación sobre las continuas extensiones al plazo de registro, porque podría terminar beneficiando a mineros ilegales, debido a que por haberse acogido al Reinfo –sin el requerimiento de completar el proceso de formalización– ya los exime de procesos judiciales.

Impacto socioambiental

La reactivación de la actividad minera ilegal representa un enorme riesgo ambiental. Del 2010 al 2019, se deforestaron 169 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios, un área equivalente a 206 mil campos de fútbol. Según el Banco Central de Reserva, la contaminación de los ríos con mercurio pone en riesgo el desarrollo de la actividad pesquera, una actividad considerada de potencial crecimiento en la región por sus notables recursos y ecosistemas.

Además, la minería ilegal en el país genera la proliferación de diversos problemas sociales y crímenes como la explotación laboral y sexual. En el 2018, Madre de Dios fue la tercera región con mayor número de denuncias por trata de personas, solo superada por Puno y Lima. Más aún, en el 2020, la tasa de denuncias por violencia sexual a mujeres alcanzó las 141 por cada 100 mil habitantes, casi el triple del promedio nacional (45,6).

¿Qué hacer?

Al respecto, Cauti menciona que es necesario virar hacia una política transversal que permita combatir a la minería ilegal en todos sus frentes. La extensión del plazo para la formalización resulta en un alivio para los ilegales y va en contra de los esfuerzos del Estado para combatirla.

Además, menciona que se requiere aumentar la fiscalización en el ingreso al país de insumos utilizados para la minería, así como incentivar iniciativas de trazabilidad del oro. Complementariamente, es importante avanzar en los esfuerzos por incorporar el uso de nuevas tecnologías, como imágenes satelitales e inteligencia artificial, para detectar tempranamente nuevas zonas de explotación ilegal.

Prioridades

La política permisiva del Gobierno frente a la minería ilegal dista mucho de la aplicada a la minería formal, que es muy poco efectiva frente a los conflictos sociales y para evitar la paralización de la producción de las principales operaciones mineras.

A ello se suma que la reforma a la tributación minera propuesta por el exministro Pedro Francke ha contribuido negativamente en la predictibilidad del sector para atraer nuevas inversiones.

Según el Instituto Fraser, la incertidumbre política minera actual y el anuncio del posible endurecimiento de la tributación del sector habrían explicado el retroceso del Perú en el ránking 2021 de atracción para nuevas inversiones mineras, en ocho posiciones.

El desarrollo de la minería requiere una política adecuada en el frente formal e informal, es decir, que combata la minería ilegal y formule medidas que promuevan el crecimiento sostenible de la actividad formal en el Perú