La crisis en el sistema judicial peruano estallada la primera semana de junio con la difusión de conversaciones sobre sobornos y tráfico de influencias ha llegado a lo más alto: una de las fiscales provinciales de crimen organizado, que investiga la red de corrupción llamada Cuellos blancos del puerto, afirma en su informe que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, es parte de dicha organización, según ha revelado el jueves un canal de televisión.
 

La trama corrupta —que incluye a jueces supremos, jueces superiores, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), empresarios y políticos— ha sido expuesta por la prensa, que sigue difundiendo las escuchas telefónicas realizadas por la Policía a petición de una fiscal que investigaba bandas de narcotraficantes en el puerto del Callao. En ellas, los abogados de los narcos dialogaban con miembros de la Corte Superior de Justicia de la provincia y, a su vez, estos con otros personajes del aparato de justicia, políticos y empresarios. Las investigaciones periodísticas revelan que el tráfico de sentencias y nombramientos prevaricadores de jueces y fiscales se produjeron también en otras jurisdicciones, como en el sur de Lima y en la región Ayacucho.
 

Chávarry, como cabeza del Ministerio Público, debió haber investigado al juez supremo César Hinostroza, el "gran jefe de los Cuellos blancos", pero dado que los audios de la supuesta trama corrupta incluyen diálogos entre ambos, se inhibió de hacerlo. El fiscal supremo Pablo Sánchez —que investigó a Hinostroza porque Chávarry se inhibió— entregó el miércoles al Congreso una denuncia constitucional contra el juez por un presunto delito de organización criminal. Ésta se suma a otras dos denuncias constitucionales presentadas: una por el procurador anticorrupción Amado Enco, y otra por Chávarry, quien no mencionó el delito de organización criminal y así podía favorecer a su amigo juez.
 

Los jueces supremos tienen derecho al antejuicio político. Por este motivo, el pleno del Congreso debe debatir si hay presunción de un delito antes de una acusación penal. Sánchez también presenta la denuncia constitucional contra cuatro miembros del CNM, el órgano que nombra y ratifica jueces y fiscales, y que fue utilizado por la red corrupta como herramienta para beneficiar con cargos a los “amigos” o para destituir a los funcionarios que no se prestaban a sus intereses.
 

La denuncia constitucional de Sánchez destaca que el informe de la fiscal provincial Sandra Castro no solo incluye a Hinostroza y a los consejeros como miembros de la organización criminal: da a entender que el fiscal general también la integra.
 

"En el informe se han comprendido como miembros de la misma organización criminal a una serie de altos funcionarios públicos que también gozan de la prerrogativa del antejuicio político, pero respecto de los cuales el suscrito no tiene competencia. La excusa del fiscal de la Nación (...) ha sido formulada respecto a los investigados comprendidos en esta denuncia", justifica el fiscal supremo.
 

Sánchez añade, entonces, que entrega al Fiscal de la Nación el informe de la fiscal provincial, quien imputa a la cabeza del Ministerio Público el ser parte de la trama.
 

El Congreso de mayoría fujimorista removió los miembros del CNM el 20 de julio tras numerosas manifestaciones ciudadanas contra la corrupción en el sistema de justicia. El 28 de julio, ante el reclamo de las calles, el presidente Martín Vizcarra propuso un referéndum para modificar la Constitución respecto del nombramiento de los miembros de ese colegiado, para que sea por concurso de méritos.
 

Sin embargo, la semana pasada, la líder de la oposición, Keiko Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular controla el Congreso, planteó un mecanismo de designación del CNM similar al vigente y rechazó que el Ejecutivo apresure el referéndum “con una política populista”.
 

La hija del expresidente Alberto Fujimori dijo el domingo que Chávarry "debe continuar al frente de la Fiscalía. Las mentiras hay que también entenderlas en su propio contexto, hay atenuantes y agravantes", añadió. La excandidata presidencial se refería a la negativa del fiscal general a reconocer su amistad con el juez Hinostroza y a admitir que se había reunido con periodistas para promover su elección al cargo que hoy ocupa.
 

El martes, Vizcarra respondió los ataques del fujimorismo. "Yo sabía que (la reforma política y judicial) no era una decisión fácil, sabía que me iba a enfrentar contra la delincuencia, contra políticos corruptos, y jueces y fiscales que arreglan procesos bajo la mesa, pero eso es lo que reclama el pueblo", afirmó en Tacna (sur). "Ya he comenzado a recibir lo esperado. Pero ¿saben qué? No me van a doblegar. Hagan lo que quieran, hagan lo que puedan", retó el mandatario.
 

El juez Hinostroza, como miembro de una sala de la Corte Suprema que decidía casaciones (revisiones de sentencias) ha favorecido al exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, en una investigación fiscal por lavado de dinero. Antes de ser suspendido como juez había programado una audiencia de casación de una pesquisa fiscal por aportes ilegales a la campaña presidencial de Fujimori en 2016. El fujimorismo apuesta por sostener el aparato que le ayuda a evadir la justicia, mientras el 74% de los peruanos -según una encuesta divulgada esta semana- espera que el fiscal de la Nación deje el cargo.

Fuente: Jacqueline Fowks - El Pais