En el informe de la fiscal provincial del Callao, Sandra Castro, sobre la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” se involucra en graves hechos delictivos a un grupo de fiscales y jueces del más alto nivel, incluyendo al actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Esta información es profundamente preocupante y agrava la crisis en la que ya se encontraba el sistema de justicia desde la publicación de los llamados “CNM audios”.

Al respecto, Proética considera que todas las autoridades involucradas deben suspender sus funciones, al menos mientras duren las investigaciones, para evitar el riesgo de obstaculizarlas o contaminarlas.

Sin embargo, nuestra institución considera que es más urgente enfrentar el problema de la falta de un mecanismo vigente que permita, de forma ágil, apartar del cargo a fiscales y jueces vinculados a investigaciones criminales, pues este vacío aumenta la vulnerabilidad en que se encuentran las instituciones de justicia de nuestro país. Mientras no se apruebe la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para crear un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), urge adoptar normas de excepción que permitan, a la brevedad: i) la separación de jueces y fiscales mientras duren las investigaciones en contra de ellos, ii) el nombramiento de jueces y fiscales provisionales y iii) la revisión de los nombramientos que realizó el CNM que fue recientemente desactivado.

Para poner en práctica esta solución, Proética exhorta a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) a que asuma un rol facilitando la elaboración de los proyectos de ley que deben llenar excepcionalmente los vacíos señalados y que el Congreso de la República, como miembro de la CAN, viabilice la aprobación de los mismos en atención a su urgencia. Este mecanismo debe dejar de funcionar en cuanto un nuevo CNM sea creado y entre en actividad.

Por supuesto, en caso de que el actual Fiscal de la Nación insista en no dar un paso al costado, los demás miembros titulares de la CAN deben pedirle que se abstenga de participar de las discusiones que tengan lugar en ese foro.

Finalmente, exigimos que se desplieguen todas las garantías necesarias para que el cuerpo de fiscales responsable de las investigaciones contra la organización criminal que involucra a altos funcionarios del sistema de justicia continúe con su labor. Esto involucra no solo dotar los recursos necesarios sino, principalmente, impedir cualquier tipo de amedrentamiento u hostigamiento desde dentro de la propia institución. A ese grupo de profesionales le hacemos llegar nuestro respaldo institucional.