Por: Gustavo Mohme Llona, editorialista de La República
SALVAR EL CUELLO
La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera ha designado al exfiscal de la Nación y fiscal supremo Pablo Sánchez coordinador general del Equipo Especial de fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto, en un intento por salvar esta investigación contra la corrupción en la administración de justicia y recuperar la unidad de acción y cooperación en el equipo de fiscales del caso.
Pablo Sánchez tiene el desafío de promover la recuperación del tiempo perdido y que cesen las dilaciones. Por esa razón, ha trascendido que una de sus principales acciones fue establecer un cronograma de trabajo con metas de cumplimiento. Se ha dicho también que las fiscales a cargo de los casos se mantendrán en sus puestos y que, por fin, se compartirá la información que una de las fiscales se negaba a trasladar.
Se espera una etapa de mayor diligencia y el cese de extraños hechos. Es el caso de la demora del trabajo de la fiscal Rocío Sánchez, con solo 10 casos a pesar del apoyo logístico que ha recibido y que, en la disputa hecha pública los últimos días, aparezca insólitamente defendida por sus acusados y los abogados de estos.
Los datos publicados por este diario señalan que, luego de la difusión de unos mensajes por WhatsApp que evidenciaban tratos irregulares entre fiscales y abogados, la fiscal de la Nación decidió reforzar el primer nivel del Equipo Especial para desconcentrar la información y agilizar las investigaciones; en ese momento, reaparecieron antiguos ataques en su contra que inicialmente provinieron de los fiscales supremos cabecillas de los ‘Cuellos Blancos’ y que aparecen ahora bajo la autoría de fiscales que investigan el caso. Tampoco pasa desapercibido que defensores de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez defiendan públicamente a la fiscal Rocío Sánchez.
Ha pasado mucha agua bajo el puente para creer que estos hechos oscuros se deban a problemas de trato personal exclusivamente. El punto central es que el caso avanzó muy poco a pesar de las evidencias, que es insistente el discurso sobre que es un asunto de corrupción electoral y no judicial, que los investigados están a punto de ganar batallas procesales, y que el caso está repleto de colaboradores, los mismos que están libres y parecen manejar los hilos de varios expedientes.
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