Nuestro país viene atravesando tiempos tan duros, que la llegada del primer millón de dosis de vacunas contra el virus y el impresionante avance registrado durante los primeros días de vacunación son grandes noticias. Una nueva etapa de la lucha contra la pandemia se ha abierto; y las expectativas de frenar la crisis sanitaria y sus consecuencias se han renovado.

Sin embargo, la crisis moral no tiene visos de retroceder y, por el contrario, pareciera haber llegado a un nuevo nivel al confirmarse que funcionarios públicos, varios vinculados a las negociaciones de los contratos para adquirir las vacunas fueron vacunados, junto a personas cercanas a ellos, por fuera de cualquier canal regular, utilizando dosis adicionales o “de cortesía” brindadas por la empresa Sinopharm. El más notorio de este grupo, sin duda, es el expresidente Martín Vizcarra.

Anoche mismo, se supo que la Fiscalía de la Nación está abriendo una investigación contra Vizcarra y quienes resulten responsables y que el gobierno en ejercicio estará desplegando otra investigación, destinada a conocer la lista total de funcionarios que se vacunaron de esta manera irregular. Asimismo, la gran mayoría del gabinete declaró no haber participado del esquema ni haber tenido ningún conocimiento previo.

Estas reacciones son importantes, pero no bastan, en tanto hay contratos con otras empresas y negociaciones todavía en curso. Se sabe que los laboratorios están presionando, en todo el mundo, para que los contratos sean confidenciales. La Comisión Europea, sólo después de un escándalo con la demora en la entrega de las vacunas comprometidas por AstraZéneca, publicó el contrato con esta empresa, aunque con gran parte de información removida, volviéndolo poco útil para el control social. En Perú, Proética solicitó al Ministerio de Salud copia de los acuerdos suscritos para adquirir vacunas y la documentación de respaldo. Otros capítulos nacionales de Transparencia Internacional también hicieron solicitudes similares a sus gobiernos. Todas ellas fueron negadas.

Si bien hay aspectos de los contratos que requieren razonablemente ser tratados bajo reserva, estos debieran ser excepcionales, mientras que el grueso de la información debiera estar al alcance de la opinión pública. Que se disponga de dosis “de cortesía” tendría que ser algo que todos debiéramos haber sabido.

Este escándalo, el “VacunaGate”, se destapa mientras que, paralelamente al avance de la vacunación, se venía haciendo pública una serie de quejas de personal en primera línea denunciando irregularidades en el padrón priorizado, permitiendo a personas que no forman parte de ese grupo que reciban las primeras dosis. Si bien el desorden en nuestros sistemas de información puede explicar parte de estos casos, lo cierto es que las oportunidades de corrupción germinan en medio del caos y la opacidad; de allí que la demanda de quienes pusieron de manifiesto estos problemas exigen que se transparenten los criterios de priorización y que se revisen las listas.

A lo dramático del abuso, sea al alto nivel del “VacunaGate” o en la implementación del plan de vacunación, debe sumarse la tragedia de la recurrencia: ya hemos vivido casos de corrupción en los que gente sin escrúpulos buscó aprovecharse de los desastres naturales y de las atenciones de emergencia: las raciones sobrevaloradas luego del terremoto en Pisco o la oficina de PCM falsa montada por criminales para estafar a entidades locales en el marco de la reconstrucción luego del Niño Costero, por nombrar sólo un par de ejemplos.

Y a ello, podría sumarse también las advertencias que expertos venían haciendo. Nuevamente, como ejemplo, un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, tenía claramente identificados los potenciales riesgos en el desarrollo, la adquisición y aplicación de las vacunas, así como las recomendaciones para mitigarlos, entre las cuales se encuentran distintas medidas de transparencia, seguimiento y denuncias; nada fuera de lo usual, pero adaptadas a la situación.

El gobierno debiera aprovechar este momento para revisar cómo ser más acucioso con los estándares anticorrupción en el combate a la pandemia, para evitar poner en riesgo el éxito del proceso en esta etapa crucial a la que hemos entrado. De otra parte, las anunciadas investigaciones deben ser ágiles y transparentes. Y, finalmente, a menos de dos meses de las elecciones generales, estas irregularidades y miserias debieran servir también para que la ciudadanía le exija a los partidos en campaña, posiciones más claras, concretas y viables para reducir la corrupción, no sólo en el país en general, sino también, específicamente, en la gestión de la crisis sanitaria.