Por: Instituto Peruano de Economía - IPE
    
    
Si bien Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, obtuvo solo uno de cada cinco votos en la primera vuelta del domingo pasado, un escenario político fraccionado permitió que fuera el más votado en 138 de las 196 provincias en el Perú (70% del total), y obtuvo el segundo lugar en otras 28. Keiko Fujimori, segunda en preferencias populares, fue la favorita en 40 provincias; mientras que solo en 18 se eligió ganador a algún otro candidato.

Las provincias

En promedio, las provincias en las que ganó Castillo enfrentan brechas sociales más grandes que el resto del Perú, pero con mejoras sostenidas. La tasa de pobreza en las provincias donde lideró Perú Libre cayó a casi la mitad entre el 2007 y el 2018, de 55% a 28%, pero aún es más alta en comparación con las localidades que eligieron favorito a algún otro candidato.

Las provincias que votaron principalmente por Castillo también se caracterizan por tener, en promedio, un menor acceso a servicios básicos, y un menor puntaje en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD. Si bien los votos por Perú Libre fueron mayores en estas provincias, el partido ganó también en localidades de ingresos relativamente altos, como Jorge Basadre en Tacna o Mariscal Nieto en Moquegua.

En particular, Perú Libre triunfó en 6 de las 10 provincias menos pobres del Perú —Fuerza Popular ganó en tres de estas—.
    
    
¿Por qué las brechas?

Para Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores, las brechas sociales en algunas provincias se deben a que en el Perú persiste un esquema de desarrollo centrado en Lima y en la costa.

Para el economista, esta situación responde a que el proceso de descentralización no se realizó adecuadamente, y se transfirieron funciones sin asegurar la capacidad de los gobiernos subnacionales para cumplir de manera efectiva sus responsabilidades.

También refiere que los problemas de recursos humanos dentro de las entidades públicas y la falta de planeamiento a largo plazo limitan también el cierre de brechas.

Ello se evidencia en la menor capacidad de los gobiernos subnacionales para usar los recursos disponibles. Por ejemplo, en el periodo 2010-2020, los gobiernos locales y regionales no ejecutaron alrededor de un tercio de su presupuesto para inversión pública (en promedio S/10.000 millones anuales).

Al margen del presupuesto asignado, el Estado Peruano no parece ser capaz de ejecutar más de S/32 mil millones por año, monto aproximado de ejecución desde el 2013. Con esa capacidad instalada, el cierre de brechas se hace mucho más lento.

Una manera de contribuir con la mejora de capacidades de los gobiernos subnacionales es consolidar la reforma del Servicio Civil iniciada en el 2013, cuya implementación ha sido lenta. De las más de 2.000 entidades públicas, menos de la mitad habían iniciado el proceso de tránsito hacia finales del 2020 y solo 91 registraban un avance significativo.

Más aún, a enero de este año, solo 911 funcionarios laboraban bajo el régimen del Servicio Civil, mientras que el grueso de los trabajadores públicos se empleaba bajo el régimen CAS (318 mil trabajadores), el régimen público general (242 mil) o el régimen privado general (161 mil).

Una mejora de este tipo contribuiría a progresar en la provisión de servicios públicos y al cierre de brechas en el interior del país, al tiempo que mayor crecimiento económico continuaría la reducción de la pobreza.