LIMA | La Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima rechazó los recursos de apelación interpuestos contra las medidas cautelares impuestas en enero pasado sobre bienes vinculados con el extinto expresidente Alan García Pérez.

Estas impugnaciones a la decisión judicial fueron presentadas por la esposa del fallecido exmandatario, Pilar Nores, por sus hijos Carla García Buscaglia y Josefina, Gabriela, Luciana y Alan Simón García Nores.

Activos del difunto

En tal sentido, el tribunal confirmó la medida de inhibición (prohibición de transferir o vender) del inmueble ubicado en la calle Manuel Freyre Santander N° 121 (principal) y N° 131 (garaje), urbanización El Rosedal, Miraflores (Lima).

Asimismo, ratificó la medida cautelar de no innovar sobre la membresía en la Asociación Deportiva “Lima Marina Club” y sobre el derecho de uso de un espacio identificado como Slip 27, ubicado en la playa Los Yuyos, bahía de Miraflores.

De igual modo, reiteró la medida de embargo en forma de retención sobre el derecho de crédito ascendente a US$ 840 mil 874.61, más el interés compensatorio equivalente al porcentaje de rentabilidad neta que pueda obtenerse del proyecto inmobiliario Edificio Malecón Francia realizado por Inversiones Inmobiliarias Trixter S.A.C.

La sala, según la resolución judicial, ha verificado en este caso el cumplimiento de los requisitos de verosimilitud de los hechos y el peligro en la demora para dictar las medidas cautelares indicadas.

Además, corroboró el cumplimiento y justificación de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de las medidas impuestas.

En la sustentación de su fallo, el colegiado cita diversos documentos presentados por el Ministerio Público, los cuales forman parte de carpetas fiscales de investigaciones en el caso Odebrecht.

Entre ellas, figuran actas de declaraciones del investigado Miguel Atala Herrera sobre culpabilidad, celebrado entre el Departamento de Justicia Estados Unidos y la empresa Odebrecht; acta fiscal de recepción de documentos y la documentación traducida de las denominaciones “Apra, Bandido y Chalán”, entre otras.   

Cabe indicar, que el colegiado que emitió esta decisión lo preside la jueza superior Clotilde Cavero Nalvarte e integran la magistrada María Luz Vásquez Vargas y el juez David Quispe Casavilca.          

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