Presupuesto fiscal 2023 apenas destinará S/ 45 mil para promover la protección de los defensores ambientales. Activistas piden recursos por S/ 70 millones para ser destinados a los ministerios de Justicia y del Interior.

Desde el año 2019 a la fecha han sido asesinados 26 defensores y defensoras del medio ambiente y de derechos humanos en el país, por ello, con el fin que el Estado proteja su integridad, un grupo de jóvenes activistas realizaron un plantón en el frontis del Congreso pidiendo al Gobierno incorpore 70 millones de soles adicionales en el presupuesto fiscal para el año 2023, considerando que los recursos que destina son insuficientes.

Pese a esta dramática situación, en el proyecto de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, el Ejecutivo apenas destina 45 mil soles para la implementación de acciones vinculadas a este tema, advierte Paul E. Maquet, vocero de CooperAcción, una de las organizaciones que integra la Campaña Nacional de los Defensores y Defensoras

El pedido de los  activistas es la “incorporación de la sexagésima quinta disposición complementaria final en el “Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023”, solicitando que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, y S/ 20’000,000 (veinte millones) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Maquet resaltó que no hay una partida estatal específica para la protección de los defensores ambientales y, añadió, que los instrumentos que se están implementado para dicho fin son recientes, como, por ejemplo, el Manual para la Protección de los Defensores Ambientales o la Mesa Intersectorial de Defensores.

“Las carencias son evidentes. Por ejemplo se conocía que mineros ilegales llegarían al local de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa para hostilizarlos e incluso quemaron su local. Se tenía la información de ese ataque antes que suceda y advertimos a la Policía para que brinde protección a los defensores, pero no pudieron hacerlo porque no tenían dinero para el combustible del helicóptero. Las necesidades son apremiantes, por eso se pide un presupuesto adicional de 70 millones de soles”, afirmó Maquet.

Hablan los defensores

Vidal Merma, defensor ambiental y de DDHH de Espinar

Una muestra de la constante persecución que sufren los defensores ambientales por parte de los mineros ilegales e incluso de grandes empresas extractivas se encuentra en la historia de Vidal Merma, comunicador indígena y defensor ambiental de Espinar (Cusco)

“He sido criminalizado por difundir cómo las grandes empresas transnacionales han venido atentando contra el medio ambiente. Afronto 12 procesos penales y sufro persecución del Estado por apoyar a los hermanos que defienden sus bosques en la selva. Nos sentimos abandonados, en riesgo, no tenemos ninguna garantía, por eso muchos de nuestros hermanos fueron asesinados. Lamentablemente en el país el Estado no protege a los defensores ambientales”, dijo Merma quien participó del plantón en los exteriores del Congreso.

Por su parte, Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya (Junín), recomendó a las empresas y al Gobierno, respetar el medio ambiente, el derecho a la salud de las personas y respetar los derechos laborales, esto con el fin de que no se repita lo sucedido en su ciudad natal donde la mayoría de la población fue contaminada por plomo debido a las actividades del complejo metalúrgico Doe Run.

“Hemos defendido los derechos de la población, pero hemos sido hostilizados por los dueños del complejo metalúrgico por más de dos décadas por reclamar el derecho a un medio ambiente sano”, añadió.

A partir del 2020 se han contabilizado 104 ataques o amenazas a defensores ambientales, que incluyeron destrucción de bienes privados, difamación, amenazas a la seguridad personal y agresiones físicas, psicológicas o sexuales.

A partir del 2020 se han contabilizado 104 ataques o amenazas a defensores ambientales, que incluyeron destrucción de bienes privados, difamación, amenazas a la seguridad personal y agresiones físicas, psicológicas o sexuales.

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Los relatores especiales de las Naciones Unidas solicitan al gobierno peruano medidas efectivas para proteger a los líderes indígenas, quienes denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos graves casos de corrupción y de violación de derechos humanos.