EL COMERCIO | La desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) un año atrás dejó una gran tarea pendiente: la revisión de la continuidad de varios jueces y fiscales supremos implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Debido a que hasta la fecha no se instala la Junta Nacional de Justicia, este proceso no se ha podido completar.

Trece magistrados investigados por el caso –de un total de 41 revisados para este informe– permanecen en el sistema de justicia. Cinco de ellos tienen el rango de supremos.

Chavarry

La semana pasada, el Poder Judicial abrió proceso penal sumario al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento real. Chávarry afrontará este juicio con comparecencia simple, mientras ejerce sus funciones como titular de la Fiscalía Suprema Civil.

El proceso contra Chávarry no se originó por su presunta participación en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, sino en el Caso Lava Jato, por remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial, poco antes de la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y por pedir información sobre este cuando se encontraba en negociación con carácter reservado.



El Congreso archivó la formalización de las imputaciones contra el exfiscal de la Nación por su presunta participación en la organización criminal que originó la destitución de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

El penalista Vladimir Padilla explica que, a falta de la instalación de la Junta Nacional de Justicia, en este momento los jueces y fiscales supremos investigados por hechos delictivos no pueden ser suspendidos mientras dure la indagación ni ser destituidos. Para hacerlo, los criterios que toma en cuenta son idoneidad y conducta. Además, por tener derecho a antejuicio, requieren la autorización del Congreso para ser procesados.

Además de Chávarry, Tomás Gálvez Villegas y Luis Arce Córdova son otros dos fiscales supremos implicados en el caso que se mantienen en sus cargos.

Gálvez, titular de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, fue quien hace unas semanas le solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que convoque al fiscal Rafael Vela a la Junta de Fiscales Supremos para explicar los alcances del convenio de colaboración eficaz con Odebrecht. Recientemente, el Poder Judicial anuló la orden de impedimento de salida del país por ocho meses dictada contra el magistrado.

En tanto, Arce se mantiene como miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Se le acusa de gestionar favores al exjuez César Hinostroza en el ente electoral. El JNE tiene una situación complicada, pues el despacho de la fiscal Ávalos ha iniciado indagaciones preliminares a su presidente, Víctor Ticona, a raíz de la difusión de unas conversaciones con César Hinostroza, difundidas por este Diario.

En tanto, el fiscal supremo adjunto Sandro Paredes Quiroz, acusado de darle protección a integrantes de una organización criminal a pedido del gobernador del Callao, Dante Mandriotti, fue suspendido de su cargo por 24 meses, por orden del juez Hugo Núñez Julca.

Turno de jueces que siguen en sus puestos

El único juez supremo destituido por el Congreso, junto con los exintegrantes del CNM, es César Hinostroza. A él también lo inhabilitaron para ejercer función pública por diez años y es el único acusado de pertenecer a una organización criminal. Ahora se encuentra en un proceso de extradición desde España.

Pero otros dos jueces supremos investigados permanecen en sus puestos y son miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema: Ángel Romero Díaz, presidente de la Sala Civil Transitoria, y Martín Hurtado Reyes, integrante de la Sala Civil Permanente.

En julio del 2018, el programa “Panorama” difundió un audio entre Hinostroza y Romero en el que dialogaban sobre una sentencia que absolvía al violador de una niña de 13 años emitida por el primero. Además, participó en reuniones con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos que están bajo investigación.

En otro audio, difundido por Canal N, se registra una conversación entre Hinostroza y Hurtado Reyes para asegurar un presunto intercambio de favores en nombramientos.

Suspensión de inferiores

En un nivel inferior, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) suspendió de sus funciones a jueces superiores y especializados: Walter Ríos (con prisión preventiva por 36 meses), Raúl Salcedo Rodríguez, Walter Linares Saldaña, Miguel Miranda Mendoza, Daniel Peirano Sánchez, Johana Muñante Sánchez y Marco Cerna Bazán, entre otros magistrados que todavía no están incorporados en la investigación a raíz de la indagación que la fiscal Rocío Sánchez realiza por el caso.

Pero no todos los jueces y fiscales investigados fueron suspendidos. El caso más llamativo es el del fiscal Edgar Espinoza Casas, quien en setiembre del 2018 fue separado de la institución por sus vínculos con Walter Ríos, pero regresó a la Tercera Fiscalía Superior Penal del Callao en abril de este año. En declaraciones a “Perú 21”, Espinoza negó haber cometido faltas.

En la vereda del Poder Judicial hay magistrados investigados que tampoco han sido apartados. En una resolución del 2 de julio de la corte del Callao se ratifica al juez Sergio Butrón Santos en la Primera Sala Penal de Apelaciones de dicha corte.

Esta medida se dio pese a que en marzo de este año la Fiscalía de la Nación anuló el archivamiento de una investigación en su contra por este caso. Otros dos magistrados investigados continúan en el sistema de justicia, a pesar de que también se anuló el archivamiento de sus casos: Rocío Vásquez Barrantes, coordinadora del programa de acceso a la justicia para personas vulnerables, y Carlos Nieves Cervantes en la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Callao, ratificado en el tribunal el 2 de julio de este año.

El juez del Primer Juzgado Civil de la corte del Callao Luis Alberto Villegas León también continúa en su cargo. En junio de este año lo nombraron integrante del equipo técnico para la modernización de los despachos judiciales de esa corte.

En marzo de este año, la fiscalía allanó las oficinas del juez Oswaldo Espinoza López por presuntos vínculos con el empresario Mario Mendoza, presunto operador de Los Cuellos Blancos del Puerto. Un mes después, la corte de Lima reconformó su sala y lo dejaron como presidente de la Décima Sala Laboral Permanente de la corte de Lima.

En el mismo operativo, el Ministerio Público allanó el despacho de otro investigado por el Caso Los Cuellos Blancos: el juez José Miguel Hidalgo Chávez, quien permanece en el Décimo Quinto Juzgado Civil Comercial de Lima.

Medidas restrictivas

El 12 de agosto del 2019, casi un año después de conocerse el caso, la OCMA suspendió a otros cuatro jueces: Víctor Quinte Pillaca, Ronald Mixán Álvarez, Carlos Huerta Ortega y Juan Salazar Laynes.

El Poder Judicial ordenó prisión preventiva para los magistrados investigados Walter Ríos, Roly Capcha Requena, Carlos Chirinos Cumpa, Julio Mollo Navarro, Ana Bouanchi Arias y Orestes Vega Pérez.

También se ordenó la suspensión de sus funciones de los jueces Juan Canahualpa, Luis Pajares Narva y Saúl Beltrán Reyes y de los fiscales Armando Mamani y Carlos Sáenz.