En el Yavarí, frontera entre Perú y Brasil, las mafias ganan terreno. Debería ser la reserva más grande para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pero se está convirtiendo en zona liberada donde los cocales aumentan, la deforestación avanza y el Estado no tiene presencia. ¿Y el gobierno? Estuvimos allí, sobrevolamos la zona y revelamos lo que encontramos.

El narcotráfico, las concesiones madereras otorgadas de forma irregular y el debilitamiento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre ha puesto en grave peligro a los bosques y a los pueblos indígenas en contacto inicial que habitan en los márgenes del Río Yavarí.

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Epicentro junto con Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, acaban de publicar este martes 27 de febrero el reportaje especial “Yavarí: corredor bajo asedio”, que busca poner en evidencia la falta de protección por parte del Estado peruano a los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial (PIACI) y como el crimen organizado se está apoderando y deforestando grandes hectáreas de bosques amazónicos en el corredor territorial Yavarí-Tapiche, ubicado en la región Loreto.

Esta zona que se encuentra en la frontera de Perú y Brasil se ha convertido en un peligroso corredor del narcotráfico y la tala ilegal, más aún con el incremento de organizaciones criminales extranjeras que se disputan este territorio que debería ser intangible y reservada para los PIACI.  

Pero no solo es el crimen organizado y sus vínculos, sino la inoperancia del Estado peruano y funcionarios e intereses de privados por hacerse de territorios amazónicos.

Según el reportaje, el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) entregó grandes extensiones de bosques a concesionarios privados pese a estar prohibido por la Ley Forestal y Fauna Silvestre la realización de cualquier actividad en estos territorios. Esto ocurrió ese mismo año que entró en vigencia dicha ley. Por ello, la justicia dictaminó recientemente que de las 62 concesiones forestales otorgadas por el GOREL en la zona de Yavarí Mirin, 47 de ellas deben anularse porque se entregaron después que se implementó la ley.

Otro aspecto preocupante es la negación de la existencia de los PIACI en el territorio, esto permitiría facilitar la entrega de bosques ya sea para concesiones u obras públicas sin ningún tipo de estudio sobre el impacto que generaría.  

La directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, Magaly Avila, señaló que “en los últimos años, los bosques amazónicos son amenazados por intereses de terceros, que intentan explotar estos territorios a pesar de su categorización. Los flujos de dinero que están detrás de el acaparamiento de tierras son enormes y con ella se compran voluntades mientras nuestros bosques y sus pobladores vienen siendo amenazados”.