El gobierno de Pedro Castillo se ha convertido en un enemigo de las libertades de expresión y de prensa. No solo estigmatiza e insulta a los medios de comunicación y a periodistas individuales, sino que obstruye su trabajo, en especial las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción.

A mitad de año, tras un plantón de periodistas del Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto de Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas, el Congreso abrió el hemiciclo a la prensa, a la que tenía vetada de cubrir sus sesiones.

La Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional han intensificado su agresión a periodistas y medios de comunicación. La primera intentó acceder a fuentes anónimas; la segunda retuvo a varios periodistas.

En este semestre, aunque se admitieron querellas contra periodistas, el número de sentencias se redujo. Sin embargo, continúa la amenaza de cárcel por delitos contra el honor.

Debido a las investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción, el presidente Pedro Castillo ha amenazado con demandar a periodistas y les impidió ingresar a eventos públicos y conferencias de prensa.

En mayo, tras una denuncia de que habría plagiado su tesis de maestría, el presidente Castillo dijo que la prensa se presta a "intereses particulares y antidemocráticos", busca "generar inestabilidad política" y pertenece a un "contubernio de ciertos grupos de poder y sectores golpistas".

Pocas semanas después, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para crear el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Los agraviados, imputados, abogados, representantes, jueces, fiscales y/o policías que difundan –antes del juicio oral– información reservada a "personas no legitimadas" podrán ser sancionados hasta con cuatro años de cárcel.

En primer ministro Aníbal Torres dijo en un canal de YouTube que "la mayoría de la prensa, especialmente la capitalina, desinforma, descontextualiza la información. Ha adoptado el mecanismo que utilizó Mussolini en Italia, el fascismo; que utilizó Hitler en Alemania, el nazismo. Han adoptado la política de estos dos personajes: utilizar la mentira como el mejor instrumento para destruir al adversario".

Durante su mensaje presidencial a un año de haber tomado el mando, el presidente volvió a atacar a la prensa, acusándola de buscar la inestabilidad de su gobierno. También señaló que los medios "solo dicen mentiras y propalan noticias falsas", en referencia al programa de televisión Panorama que informó sobre actos de corrupción del gobierno.

En septiembre, un grupo de policías retuvo sin justificación a un equipo de Exitosa Noticias que cubría un desalojo en Lurín, al sur de Lima.

A mediados de octubre, con presencia de la prensa internacional, el gobierno impidió el ingreso de la prensa nacional a una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en la que el presidente se defendió de una denuncia que hizo la Fiscalía de la Nación en su contra por presuntos actos de corrupción.

En agosto, el congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas presentó dos proyectos de ley lesivos a la libertad de expresión. En uno de ellos, promovía el aumento de la pena privativa de la libertad hasta cinco años en caso de difamación. En otro, pretendía que los medios electrónicos concedan espacios gratuitos a las autoridades elegidas de los gobiernos central, regional y local.

En mayo, la fiscalía citó al periodista Ernesto Cabral para declarar en una causa sobre audios relacionados al caso Lava Jato y La Centralita, en los que se exponen malos manejos de fiscales anticorrupción. El reportaje, que se publicó en 2019 reveló coordinaciones irregulares entre el procesado Martín Belaunde Lossio y dos fiscales. La fiscalía solicitó el levantamiento del secreto profesional del periodista.

En septiembre, la fiscal Fyorella Montero Talledo exigió al noticiero D-Bate Noticias, de Piura TV Canal, revelar la identidad de una fuente que participó en un programa emitido un año antes en el que se revelaban presuntas irregularidades en concesiones de rutas y cobro de coimas por un funcionario de la Municipalidad de Piura, Boris Manuel Gutiérrez Castillo.

La campaña de elecciones regionales y municipales fue escenario de diversos ataques a periodistas tanto por los propios candidatos como por sus seguidores y familiares. Se reportaron tres episodios de retención de periodistas.

En abril, los periodistas de la región Amazonas Teobaldo Meléndez y Maricruz Torrejón, conductores del programa Total Noticias, fueron querellados por la fiscal Celia Llesenia Delmar Pezo. Los periodistas cuestionaron que Delmar archivara casos de violación sexual a menores de edad en la región, en los que habrían estado involucrados un funcionario público y un policía.

El periodista de La República Raúl Cabrera Ramos, quien cubría el desalojo de los comuneros de Fuerabamba de propiedad de la empresa MMG Las Bambas, fue detenido por la policía y le confiscaron su equipo de trabajo.

En junio, la periodista Patricia Hoyos, del medio Centro Liber, señaló que el gobernador de Ica envió emisarios a su casa para acosarla y amedrentarla.

En julio, dos periodistas del programa Cuarto Poder, de América TV, y su chofer fueron retenidos por cinco horas por rondas campesinas en el distrito de Chadín, en la provincia de Chota, Cajamarca. Los reporteros venían realizando un reportaje en la zona sobre la cuñada del presidente Castillo, quien aparentemente ofrecía obras de saneamiento sin ser una funcionaria pública. Entre 40 y 50 ronderos obligaron a los periodistas a retractarse a través de un comunicado que leyeron en América TV.

En septiembre, el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió dos sanciones de inhabilitación de contratación de publicidad del Estado por cuatro y cinco meses a Grupo La República (GLR). El OSCE atribuye a GLR haber trasgredido la ley 30225 cuando Claudia Cornejo Mohme, hija de María Eugenia Mohme, accionista de GLR, era ministra de Turismo y Comercio Exterior. Según el OSCE, la empresa de un familiar de una ministra habría contratado publicidad con el Estado, lo que estaría al margen de la ley. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional señala que "la prohibición para contratar con el Estado solo es universal y general para los familiares directos y hasta el segundo grado del presidente de la República".

El procurador del Ministerio de la Mujer, Miguel Méndez Maúrtua, dirigió cartas notariales al periodista Bruno Amoretti, del medio nativo digital El Foco, autor de un reportaje sobre agresiones de funcionarios del Ministerio a extrabajadoras, y al presidente de ese medio Eloy Marchán.

El excongresista José Luna Morales envió una carta notarial a la periodista Josefina Townsend, moderadora del debate municipal de Lima previo a las elecciones regionales. Townsend preguntó al entonces candidato Daniel Urresti qué sucedería si era condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, considerando que su candidato a teniente alcalde, Luna Morales, tenía una investigación suspendida por integrar una organización criminal.

Los conductores de la radio cusqueña Inti Raymi fueron agredidos físicamente por la esposa y las hijas de Ricardo Cavero Cárdenas, candidato a la Municipalidad de Paucartambo, mientras transmitían su programa en vivo. Las mujeres hirieron a uno de los conductores y rompieron mobiliario y equipos.

???? Periodista de #LatinaNoticias fue agredido por simpatizantes de Pedro Castillo.
Roberto Ramírez cubría la actividad del mandatario con licenciados de las Fuerzas Armadas, en la que atacó una vez más a los medios de comunicación ???????? https://t.co/c4HHxeBjrC pic.twitter.com/92wP9GQ0pi

— Latina Noticias (@Latina_Noticias) October 19, 2022

La Corte Suprema resolvió que un juez penal no puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de participación política de un ciudadano involucrado en una investigación. Así, la corte declaró nulas las restricciones impuestas en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien le prohibían declarar a la prensa y realizar actividades políticas directas o indirectas. Esta resolución sienta un precedente para otros investigados por el caso Lava Jato, como Ollanta Humala y Keiko Fujimori, también con restricciones para declarar a la prensa y participar políticamente.

Fue presentado ante la CIDH el caso de asesinato de Melissa Alfaro Méndez, estudiante de periodismo y practicante de la revista Cambio, crítica del régimen de Alberto Fujimori. En octubre se cumplieron 31 años del crimen. Alfaro murió luego de abrir un periódico que contenía anfogelatina, un explosivo de uso militar.