Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

Concurridas y a veces solas permanecen las instalaciones del Congreso de la República, corporación que asume una posición novedosa frente a sus electores, a quienes sigue frecuentando después de las campañas que los llevaron a ese escaño; aún con mayor razón cuando se avecinan las elecciones regionales y municipales del próximo año.

Varios congresistas en las distintas regiones están dedicados a escuchar los problemas que aquejan a la población, promueven la apertura de oficinas descentralizadas, supervisan obras públicas paralizadas, realizan visitas no programadas como antes, a diferentes instituciones oficiales, empezando por los hospitales. Una Comisión Especial se encarga de revisar el “cargo fijo” cobrado en los recibos del servicio de electricidad.

Cuando los legisladores sesionan presencial o virtualmente, lo hacen para atender la abultada agenda que tienen para cerrar las brechas que desde hace siglos persisten. Uno de los remedios que se propone es la reforma constitucional para convocar a referéndum con el fin de cambiar la Constitución de 1993. El plazo de funcionamiento del órgano legislativo será de seis meses, prorrogable una sola por vez por tres meses. Idéntico paso han recorrido primeramente Colombia en 1991; Venezuela entre 1998 y 1999; Bolivia en 2004 con una enmienda a su Carta Política; Argentina; Ecuador en 2008, y últimamente Chile.

Como una medida populista para algunos y para otros recomendable en este tiempo de crisis sanitaria por la pandemia, se ha puesto sobre el tapete una propuesta que afecta el bolsillo de los altos funcionarios públicos, reducirles sus sueldos; en otros países la iniciativa pretende cobijar a todo el personal oficial. Para Zahid Hasnain, bloguero del Banco Mundial, recortar los salarios del sector público, significa “sacrificarse por el bien común”. Por la crisis sanitaria, millones de peruanos siguen siendo apaleados sin vislumbrar paliativos a corto plazo.

De salir avante los proyectos de ley que declaran de interés nacional la instalación de servicios públicos en las comunidades campesinas ubicadas en bienes inmuebles prehispánicos integrantes del patrimonio cultural de la nación, se equipararía la prestación de servicio que hoy se presta mayormente en la parte urbana, y en la costa peruana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2017 en el país fueron censadas   2,703 comunidades nativas y 6,682 campesinas. Sin mencionar en detalle la inseguridad alimentaria y desarraigo de su cultura, el 57% de esas comunidades no cuenta con servicios de comunicación; sólo el 1,2 % posee un celular. En el 68% de las comunidades de ese tipo no existen establecimientos de salud, y la salud no espera.

En materia de conectividad digital, se emitiría de   necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional. De acuerdo al INEI; el 59,9% de los hogares del país no tuvo acceso a internet en el primer semestre de 2020; en Lima Metropolitana más del 37% de los hogares no disponen de servicio de internet, a veces pegados de redes de wifi temporales o que no funcionan al ciento.

Peor que el problema de comunicación, es el hambre, que en Perú en la pandemia surgió una novedosa solución popular para mitigar la falta de alimentos. En la ciudad de Lima Metropolitana y Callao, donde la mayoría de problemas sociales son mayores, se pretende declarar  en emergencia la alimentación, la salud y la vida; creando refugios eventuales mediante programas especiales. A nivel nacional, se aspira a formalizar las ollas comunes y su activación en caso de declaratoria de emergencia por la pandemia, u otra crisis similar; para lo cual se seguirían entregando cocina, gas, víveres y ollas. Esa ley incorporaría de forma excepcional las ollas comunes, como organizaciones sociales en la ley 25307, el vaso de leche y comedores populares.

En el Perú está a la vuelta de la esquina, garantizar el acceso universal al derecho a la pensión. Al primer semestre de 2016, en el país se contabilizaron más de 16 millones de personas ocupadas, de ellos, más de 10 millones de personas, esto es un 63% de los trabajadores no está afiliada a un sistema de pensiones público o privado, por lo que su expectativa a jubilarse es actualmente cero; injusticia que se superaría un poco después del año 2025. En este sentido, se añora desde el Parlamento promocionar la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de la micro y pequeña empresa y emprendedores ley pyme.

De la misma manera, el Congreso tiene en estudio el proyecto de ley para la selección de candidatos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), para evitar que en el futuro ocurran   hechos bochornosos como el sucedido hace unos meses  en el  Congreso de la República, cuando esta Corporación  continuó contra viento y marea con el proceso de selección de integrantes del TC, en claro desconocimiento a una decisión judicial en firme, esto es que no admite recurso alguno, que suspendió  provisionalmente dicho proceso. En un claro desafió al Poder Judicial, el Congreso anterior denuncio a la juez por prevaricato.

Algunos instrumentos de carácter internacional que hace tiempo han sido puestos en consideración del Poder Legislativo, sin lograr que se ratifiquen, vuelven a la palestra del recién posesionado parlamento unicameral. En el orden del día se han incluido la  Resoluciones legislativas que aprueban el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares; y otra bomba laboral, la violencia y acoso en el trabajo, que pese a tener un Convenio expreso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , el numero   190 sobre violencia y acoso en el trabajo, en  diciembre de  2019,  apenas se inició el proceso  de ratificación de dicho  Convenio, “hoy más importante que nunca” , según indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La violencia y acoso en el trabajo, en otros países, y en el Perú es considerado “un problema silencioso”; por lo que, a este país, pasarán varios años en los que sólo se recuerde de este problema el 27 de febrero, declarado en Perú día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Conforme a la superintendencia nacional de fiscalización laboral (Sunafil, cerca de 1000 denuncias de acoso laboral recibió durante la pandemia.

Después de recoger las más urgentes necesidades hasta en el último rincón del país, trabajo que les ocupará varias jornadas, hasta ahora en el inventario prevalece la inseguridad ciudadana a nivel nacional, y el aumento del índice de violencia contra la mujer y el grupo familiar, el palacio presidencial será la siguiente etapa, para en coincidencia con el legislativo, adoptar  las medidas más convenientes a la nación.