Imagínese un país donde nueve de cada 10 habitantes de las ciudades utilizan agua embotellada como fuente de agua potable. No se trata de una zona desértica, o con escasas lluvias. Es República Dominicana.

En esta nación caribeña, si bien el acceso a agua potable y saneamiento básico es casi universal, el servicio es deficiente y muy limitado. Seis de cada 10 hogares urbanos y la mitad de los hogares rurales en este país caribeño reportan un suministro de agua intermitente. Más de dos tercios recurren a tanques, bombas o cisternas para almacenar agua para el consumo diario.

Pero eso no es todo: la baja calidad del servicio obliga a los dominicanos a recurrir a agua embotellada, que es más cara, lo que les genera un fuerte impacto en sus bolsillos.

La situación ha venido empeorando con el paso de los años: en 1990 el 13% de la población urbana y el 0.7% de la rural utilizaba agua embotellada como fuente de agua potable. En 2016, según el último registro, esa cifra ascendía al 89% de la población urbana y al 68% de la población rural.

Un habitante de Espaillat, República Dominicana, recolectando agua.

Un habitante de Chincha Alta, recoge agua de un parque citadino.

Y los pobres son los que más padecen este tormento. El 40% de los hogares más vulnerables destina un 12% de sus ingresos a adquirir agua y, de ese porcentaje, un 95% es para agua embotellada que compra a empresas privadas.

“Lo razonable, según investigaciones globales, es destinar un 5% de los gastos del hogar a servicios de agua y saneamiento”, sostiene Craig Kullmann, especialista en agua y saneamiento del Banco Mundial.

A esto se suma que dos tercios de los hogares dominicanos tampoco tienen conexiones cloacales que permitan el tratamiento de las aguas residuales, lo que aumenta la amenaza de enfermedades por la contaminación de las aguas subterráneas.

Círculo vicioso

Según Kullman, el sector del agua y saneamiento dominicano está atrapado en un círculo vicioso. El experto participó en un análisis sobre los servicios públicos de agua y saneamiento del país, como parte de una revisión del gasto público realizada por el Banco Mundial a solicitud del gobierno.

“Los ingresos de las empresas de servicios de agua y saneamiento suelen crecer más lentamente que sus costos debido a su intención de no cargar a los usuarios los incrementos en energía, insumos químicos y personal, y ello reduce los fondos disponibles para mantenimiento”, explica.

Esto, según el experto, es la causa de las rupturas en las tuberías y las consiguientes fugas de agua.

Así, el servicio empeora y se hace aún más difícil para la empresa aumentar sus ingresos por facturación y cobranza, exigiendo el pago a usuarios disconformes. La situación se agrava aún más con las conexiones ilegales y el uso excesivo de agua para fines agrícolas o inapropiados, sin que se mida y facture su consumo real.

El suministro de agua a los hogares se torna errático y esto erosiona la confianza en los proveedores públicos y desincentiva a los hogares a pagar por ellos, lo que baja las tasas de cobranza, y a su vez, desestabiliza la posición financiera de las empresas para invertir, según Kullmann.

Hoy el agua no facturada oscila entre el 45% y el 95%, según los proveedores. Pero, “dadas las bajas tarifas y algunas ineficiencias en los gastos, aunque las empresas facturaran el 100% del agua, tampoco podrían equilibrar sus finanzas”, sostiene.

Por ello, el gobierno central realiza transferencias a los prestadores para que puedan afrontar sus gastos. Aunque -afirma el experto- esto genera una falsa sensación de seguridad financiera que reduce la motivación para buscar mayor eficiencia en la operación y mantenimiento de los servicios.

Datos oficiales entre 2014 y 2018 muestran que el estado dominicano transfirió 80 millones de dólares anuales a las empresas públicas para cubrir gastos corrientes, resultando una carga muy pesada para las finanzas nacionales y, paradójicamente, atentando contra la mejora de los servicios.

“Esto debe modificarse si se quiere que la población goce de buenos servicios”, enfatiza Kullmann.

El debate sobre las reformas del agua potable y saneamiento, que lleva ya dos décadas, ha sido infructuoso. Mientras tanto, el costo de este servicio deficiente se ha tornado altísimo tanto para los consumidores como para el gobierno.

Romper el círculo

Para abordar esta problemática, se creó recientemente el Gabinete del Agua que pondrá en marcha una estrategia a 15 años con una inversión de 8.850 millones de dólares para presas, sistemas de riego más eficiente, mejoramiento de servicios de agua potable y colección y tratamiento de aguas residuales y reducción de contaminación. También se espera lograr un Pacto de Agua con la población que permita la preservación y disponibilidad del agua en el futuro.

En apoyo a estos esfuerzos, el Banco Mundial apoyará con financiamiento por 43,5 millones de dólares para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios de Moca y Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat.

Allí 105.000 personas podrán acceder a un servicio ininterrumpido de agua potable, 12.700 de las cuales tendrán una conexión de agua por primera vez. Además 90.000 habitantes accederán al servicio de tratamiento de aguas residuales y 47.000 a nuevas conexiones cloacales.

Algunas claves para mejorar la calidad del servicio son:

    Establecer un liderazgo consensuado en el sector y regularlo,

    Realizar un monitoreo del desempeño de las empresas

    Aumentar el ingreso de los proveedores sin perjudicar a los más vulnerables.

También es clave valorar el agua, reducir las pérdidas y trabajar para generar confianza entre usuarios y empresas públicas, según se expresa en el documento de revisión de gasto.

Fuente: Banco Mundial