El 92% de los congresistas para el periodo 2020-2021 afrontan su primera experiencia legislativa y, a diferencia de un quinquenio regular, deben acelerar su curva de aprendizaje pues solo tendrán 16 meses de mandato. En ese escenario, dos bancadas han optado por recurrir a la experiencia de miembros del Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra.
Se trata de las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. El Comercio pudo conocer que ambos tendrán, hasta el momento, tres exparlamentarios del periodo disuelto.
La contratación de asesores en el actual periodo es aún de manera limitada, debido a la coyuntura que se vive por la crisis producida por el COVID-19. Por ejemplo, la Mesa Directiva -presidida por Manuel Merino de Lama- determinó que, de los siete puestos por despacho, solo se contrate a tres por el momento.
La contratación más relevante respecto a los exparlamentarios es la de Luis Galarreta como asesor en la bancada de Fuerza Popular. El actual secretario general del partido fujimorista fue presidente del Congreso en el periodo 2017-2018.
Al respecto, Galarreta explicó que le propusieron otra área del Parlamento, pero por la coyuntura al final se decidió que apoye a la bancada.
Mientras que Diethell Columbus (Lima), actual vocero del bloque naranja, refirió que hasta el momento solo se ha definido la contratación de Galarreta, y que otras incorporaciones responden a decisiones propios de los despachos de sus colegas.
En efecto, otros despachos ya tienen en sus planes la incorporación de otros miembros del Congreso disuelto. La legisladora Rita Ayasta de Díaz (Lambayeque) admitió a El Comercio que la exlegisladora Milagros Takayama se incorporará a su despacho.
“La Mesa [Directiva] nos ha dado la oportunidad de contratar a personal que nosotros quisiéramos, si tiene las aptitudes académicas. Takayama es buena. profesional. Ella va a estar [en el despacho] recién se le va a contratar”, indicó Ayasta.
Takayama, en el 2016, también fue elegida congresista por Lambayeque y durante su paso como congresista llegó a ser presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Fuentes del partido fujimorista indicaron que la exlegisladora Karina Beteta también se incorporaría a este periodo como asesora. En conversación con este Diario, Beteta indicó que esa era una decisión que depende de los “líderes de la bancada”. “En su momento tomaré la decisión, si me hacen la propuesta. Calificaré las circunstancias”, refirió.
Quien sí está confirmado, pero en Alianza para el Progreso, es el exlegislador César Vásquez. Su contratación, según refirieron fuentes de la bancada, es por su perfil profesional en el sector salud, dada la coyuntura de la emergencia sanitaria.
Dada su experiencia, también participó en las coordinaciones del debate sobre la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esto debido que APP fue una de los autores de los proyectos originales.
Menores requisitos
En su última sesión del 21 de febrero, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, presidida por Pedro Olaechea, aprobó modificaciones al reglamento interno de trabajo, el cual incluía cambios en el perfil profesional de los servidores parlamentarios. Los principales cambios se pueden apreciar en el siguiente cuadro.
El único cargo donde no se realizó cambios es en el de los auxiliares, donde se exige secundaria completa y una experiencia laboral de dos años. Karina Beteta, quien formó parte de esa Mesa Directiva, aseveró se trató de una propuesta de Oficialía Mayor. “No compartí esa posición, yo no voté a favor”, sostuvo.
El exparlamentaria también indicó que los cambios realizados no eran prudentes en ese momento, y descartó que se hayan dado para beneficiar a alguien en específico.
Otras fuentes legislativas explicaron que con estos cambios se buscaba favorecer a exparlamentarios. Esto debido a que ya no se solicita solo maestrías, y con eso se abre la puerta para que varios exlegisladores puedan regresar con solo acreditar diplomados o cursos de especialización. Además de reducir el periodo experiencia de tres años, el mismo número años que tuvo el periodo disuelto 2016-2019.
Fuente: EC
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