Richard Arce, político andahuaylino, docente universitario, es columnista de opinión en diferentes medios nacionales y extranjeros.

Ya hace un tiempo titulaba que en el Perú estamos viviendo una oclocracia, que es una degeneración de la democracia y corresponde al gobierno gestado por la autoridad que se impone desde la demagogia y lo más vil de la sociedad con un supuesto apoyo popular a los que ostentan del poder; por tanto, tienen patente de corso para hacer lo que les venga en gana.

Según el filósofo escocés James Mackintosh (1765 – 1832), la oclocracia es la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso, como el despotismo del tropel, y es una falacia cuando se quiere hablar de gobierno del pueblo porque más bien es una perversión.

Este Congreso que tiene delincuentes más que congresistas, con muy honrosas excepciones, es la muestra palpable de una oclocracia y sus acciones lo evidencian. Basta ver ayer la votación para sancionar a la congresista María Cordero Jon Tay, ex Fuerza Popular, de quien se tenía suficiente evidencia de que extorsionó a sus trabajadores al igual que muchos otros parlamentarios que habían convertido en un modus operandi la coacción a su personal para el pago de un cupo mensual a cambio de mantener su trabajo. Todo esto aprovechando que tienen la discrecionalidad para contratar, cuando el Servicio Parlamentario debería institucionalizarse y tener autonomía y calidad fortaleciendo la carrera pública.

Tanto fue el escándalo por el blindaje a la congresista, muy allegada a Alberto Fujimori, que al final, en desesperación, tuvieron que votar una reconsideración para volver a votar la moción para sancionar a Cordero Jon Tay, y ahí sí lograron los votos, pero solo para suspenderla mientras dura la investigación por el delito de concusión a cargo de la Fiscalía, perdiendo su inmunidad; aunque debería ser impunidad más bien porque los audios, los depósitos en el banco, el grito estentóreo reclamando como si fuera su plata los sueldos de sus trabajadores eran demasiado escandalosos para seguir blindándola.

Recuerden que la máxima sanción que puede imponer el Congreso no se aplica a los ‘mochasueldos’, ‘Los Niños’ o traficantes; la inhabilitación por 10 años está destinada solo para los magistrados de la JNJ, los adversarios políticos cuando quieren ajustar cuentas o cualquiera que se atreva a denunciar las trapacerías que cometen estos congresistas. Se entiende que la frase es una ironía, pero grafica la miseria de este periodo parlamentario, el peor de la historia sin duda.

Fuente: Peru21