AFN - La titular de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Janny Sánchez – Porturas, solicitó que se condene a cinco años de prisión al ex asesor presidencial, Carlos Moreno Chacón, por haber realizado presuntas coordinaciones para beneficiar a una entidad privada de salud al derivarle pacientes, aprovechando un convenio firmado entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Arzobispado de Lima.

El pedido fue hecho como parte de la acusación fiscal presentada por la representante del Ministerio Público contra Moreno Chacón, como presunto autor del delito de negociación incompatible en calidad de instigador.

De acuerdo a la acusación fiscal, Moreno Chacón habría aprovechado su condición de consejero presidencial y responsable del Centro de Referencia Nacional en Gastroenterología del hospital Arzobispo Loayza, para favorecer irregularmente a la Clínica de Osteoporosis SAC en la atención de los beneficiarios del convenio suscrito entre el SIS y el Arzobispado de Lima.

El médico cirujano estuvo solo dos meses con el cargo de asesor presidencial (centro).

Como se recuerda, dicho acto de corrupción fue revelado en un programa de televisión a inicios de la actual gestión presidencial. En la acusación, la fiscal Sánchez – Porturas pidió también que se condene a cinco años de prisión al ex jefe del SIS, Julio Acosta Polo; y al ex gerente de Negocios y Financiamiento de dicha institución, Carlos Augusto Aguirre Paredes, en calidad de autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano.

Asimismo, se solicitó cinco años de prisión contra los exfuncionarios del SIS: Samantha Mendoza Rueda, Gustavo Gastón Castillo Aguirre, Nilda Terrones Valera y Andrés Fernando Rodríguez Ojeda; así como al ex gerente general de la Clínica de Osteoporosis SAC, Aldo Umberto Peirano Castillo, en calidad de cómplices del delito de negociación incompatible al haber colaborado indistintamente y haber omitido sus funciones para favorecer el direccionamiento irregular de pacientes a dicho establecimiento clínico, permitiendo que se tercerizaran ciertos servicios pese a que no cumplía con las condiciones legales vigentes.

La acusación fiscal fue presentada al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que deberá fijar fecha para la audiencia.

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