Según los reportes fiscales obtenidos por el Diario El Comercio, seis postulantes al Tribunal Constitucional registran en total treinta denuncias civiles y penales por presuntos delitos que van desde la violación sexual hasta el secuestro, robo, extorsión, lavado de activos y corrupción, entre otros. Dieciséis de estas denuncias están abiertas y otras 14 fueron archivadas.

1. Wilber Medina

Ejerció la defensa legal del expresidente Alan García. Aunque no tiene afiliación política, fue candidato al Congreso en el 2016 por la alianza electoral que formaron el Apra y el Partido Popular Cristiano (PPC). Su postulación fue presentada por el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén.

Medina registra 14 denuncias en el Ministerio Público (MP). Cinco aparecen como archivadas y son por los presuntos delitos de falsificación documentaria, falsa denuncia y usurpación. Algunos de los cargos en su contra son por los presuntos delitos de estafa, apropiación ilícita, robo, tráfico de influencias y extorsión.

En diálogo con El Comercio, el abogado aseguró que todas las imputaciones “han sido rechazadas por la fiscalía al considerarlas falsas”. Atribuyó estas a “contrapartes que perdieron litigios y lo acusaron en un ánimo de venganza”.

Respecto a una acusación de agosto pasado por supuesto delito contra la administración pública, Medina refirió que, a pesar de que no ha sido notificado aún, ya se ha “apersonado” para rechazar los cargos.

Medina agregó que “las falsas denuncias son muy normales”, pero que “mientras no existan condenas, las personas son inocentes. Exactamente como el presidente [Martín] Vizcarra, que tiene 43 denuncias en Moquegua”.

2. Ernesto Álvarez Miranda

Podría volver al TC después de haber sido integrante de este entre el 2007 y el 2014. Su candidatura fue a propuesta del parlamentario de Cambio 21 Clayton Galván, miembro de los llamados ‘avengers’. Doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, estuvo afiliado al PPC entre el 2015 y el 2019.

Álvarez registra seis denuncias en el Ministerio Público. Una de ellas es por el cargo de difamación y se encuentra con dictamen, mientras que otra, por presunta corrupción –del 2014–, se mantiene en calidad de derivada.

Álvarez explicó a El Comercio que salió del congreso “con muchas denuncias constitucionales, y varias denuncias penales” por las que respondió todas las veces que fue requerido.

Respecto a dos imputaciones por presunta violación sexual y secuestro en el 2016, Álvarez aseguró que esos cargos fueron archivados porque “eran absolutamente inconsistentes”. Sostuvo que no conoce a su acusadora y que tampoco tomó acciones legales contra ella.

3. Carmela de Orbegoso

Obtuvo en el 2016 el grado de doctora en Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su candidatura al TC fue a propuesta del parlamentario de Fuerza Popular Luis Galarreta.

En el 2011, fue denunciada en la comisaría de Miraflores por “faltas contra las personas, faltas contra el patrimonio y daños materiales”. En diálogo con este Diario, sostuvo que “hay denuncias que son hechas por mala fe de personas gratuitamente”. “[Mi] línea de vida es siempre la amabilidad […] a menos que me falten el respeto como mujer”, remarcó.

En los registros fiscales, De Orbegoso tiene dos imputaciones. La más reciente es del 2018 por el presunto delito de lavado de activos. La abogada explicó que el caso “fue promovido por un mal vecino” que la “trataba de extorsionar” para obtener parte de su propiedad.

En cuanto a un segundo cargo por supuesto fraude procesal del 2016, manifestó que son “denuncias fallidas a las que [los abogados]” están “expuestos”. Remarcó que ambos casos fueron archivados.

4. Francisco Morales Saravia

Tiene un máster en la Facultad de Derecho de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Su candidatura fue una propuesta del parlamentario Javier Velásquez.

Registra tres denuncias a nivel fiscal. Dos cargos por abuso de autoridad del 2015 fueron archivados, mientras que una por corrupción, del 2014, figura en calidad de derivada. Este Diario buscó su versión pero no obtuvimos respuesta.

5. Roberto Acevedo

Fue propuesto por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Él registra cuatro denuncias por cargos como prevaricato y violación de la libertad de trabajo. Explicó que fueron producto de sus labores como juez supremo y funcionario durante la gestión edilicia de Alberto Andrade. Pertenece al grupo de magistrados que en 1992 fueron sacados del cargo por el gobierno de Alberto Fujimori.

6. Manuel Sánchez-Palacios

Expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es candidato del legislador Víctor Andrés García Belaunde. Él registra una denuncia que se encuentra en archivo definitivo por los cargos de prevaricato y corrupción. Según recuerda el exmagistrado, se trató de un alcalde en Ica quien fue destituido y acusó a varios de los funcionarios del JNE.

Los otros cuatro candidatos, Delia Muñoz Muñoz, Gonzalo Ortiz de Zevallos, Carlos Hakansson y Milagros Campos Ramos, no registran denuncias ni antecedentes policiales ni judiciales.

Las claves del proceso

Celeridad. La elección de miembros del TC programada para hoy en el Congreso es la más rápida de los últimos años. Entre la instalación de la comisión seleccionadora y la propuesta de candidatos, apenas pasaron cinco días, cuando el promedio –durante la última década– era de tres meses.

Amistades peligrosas. Los candidatos al TC Carmela de Orbegoso, Wilber Medina y Roberto Acevedo registran 78, 16 y 17 llamadas, respectivamente, con el extraditable César Hinostroza, presunto miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.