Legisladores Ríos, Martorell y Lapa están en la mira. Mientras tanto, la justicia solicita retirarle beneficio a Richard Acuña para ser investigado por supuesta adquisición ilegal de un terreno en Trujillo.

El tema de los tres parlamentarios sentenciados a prisión efectiva por el Poder Judicial -a pesar de lo cual son intocables ante la ley- ha puesto en entredicho el concepto de inmunidad parlamentaria.

El debate abierto tiende a preguntar si la inmunidad se está empleando como garantía de impunidad. Los congresistas Benicio Ríos (APP), Guillermo Martorell (FP) y Zacarías Lapa (FA) tienen a la fecha sentencias con destino a prisión.

Pende, además, sobre el congresista y líder de Alianza Para el Progreso (APP), Richard Acuña, un pedido de investigación fiscal y un pedido de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema.

Caso más sonado

El caso más sonado en los últimos días ha sido el del “apepista” Benicio Ríos, para quien la justicia cusqueña ha ordenado el último lunes su captura e internamiento en un centro penitenciario.

Como se recuerda, el legislador fue sentenciado, en diciembre del año pasado, a siete años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada por adquirir terrenos sobrevalorados cuando era alcalde provincial de Urubamba.

Cabe señalar que Ríos no es una rara avis en el Palacio Legislativo, puesto que su condición es compartida por sus colegas Guillermo Martorell (FP), condenado en febrero pasado a 5 años de prisión efectiva por colusión, y Zacarías Lapa (FA), sentenciado en marzo pasado a 4 años de cárcel efectiva por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.

De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, ningún legislador puede ser arrestado “sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”.

Es por este motivo que la defensa de Ríos, el abogado Gustavo Gutiérrez, tiene razón en declarar que su patrocinado no puede ser apresado “porque la inmunidad lo protege”.

Fuente: Correo
 

En el proceso electoral del 2016, el Apra fue el único partido que ofreció eliminar la inmunidad parlamentaria. En aquella campaña, Alan García aseguró que los candidatos al Congreso habrían firmado un documento de compromiso por el cual renunciarían a dicha protección. Ahora nadie habla del tema en el partido y no se conoce de aquel documento. Los que votaron por dichas candidaturas tienen el derecho de exigir el cumplimiento de la promesa electoral.

Más allá de ese recuerdo, se trata de una propuesta demagógica, pues estamos ante una prerrogativa irrenunciable. Lo que se buscaba era atraer a un elector que siente rechazo por el Congreso en un ordenamiento en el que los parlamentarios ostentan privilegios indebidos.

Cierto es que la figura histórica de la inmunidad parlamentaria tiene como base la constitución de una prerrogativa que gozan los congresistas, a quienes se les debe proteger contra el abuso que puedan cometer los gobiernos y los particulares, a raíz de actos derivados de la acción parlamentaria. Como el nuestro, otros países lo tienen: Alemania, España, Italia, Francia, Chile y Brasil. Pero también hay otros como Inglaterra, donde los parlamentarios gozan del mismo trato que cualquier ciudadano de a pie. También ocurre en Estados Unidos, Australia, Holanda y Canadá, países donde solo se tiene que informar al Congreso de las causas y sentencias de los parlamentarios involucrados en los actos por los que son procesados.

El tema es que en el Perú la inmunidad parlamentaria ha devenido –salvo escasas excepciones– en una protección indebida de los congresistas. Esta figura, muy antigua, debía proteger a los parlamentarios sobre aquellos actos que se presentan en el período de su mandato y que tienen que ver con el ejercicio de su función. Pero en la práctica no ha sido así.

¿Por qué razón entonces la inmunidad parlamentaria está en discusión?

Si es tan claro el panorama, ¿por qué razón entonces la inmunidad parlamentaria está en discusión? El problema es que para que un congresista sea procesado se requiere pasar por un procedimiento interno en el Congreso y contar con el voto mayoritario de los legisladores para que se le levante la inmunidad parlamentaria. Si bien es cierto el Congreso no valora si el parlamentario es o no culpable, este procedimiento ha ocasionado que muchos parlamentarios eludan la justicia.

A estas alturas de la desafección que producen el Congreso y las instituciones políticas, prerrogativas como la inmunidad parlamentaria resultan siendo insostenibles. La diferencia entre un parlamentario y un ciudadano no debe ser de tal naturaleza que se convierta en protección indebida en favor de aquel.

El congresista Benicio Ríos, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), ha sido condenado por delitos cometidos antes de ostentar el cargo en el Parlamento. Sin embargo, para entregarse a la justicia debe pasar por aquel procedimiento parlamentario del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que varios lograron evadir. Esta debe terminar y si para ello se debe modificar la Constitución, pues que se haga. De lo contrario, el desprestigio del Parlamento será cada vez mayor.

Fuente: El Comercio