En el marco de la investigación por el caso Qali Warma y ante la eventual designación del exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini como embajador de Perú en el Vaticano, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó impedimento de salida del país en su contra por un periodo de 9 meses. 

El pedido será evaluado por el Poder Judicial el próximo 4 de marzo a las 8.30 a.m.

De acuerdo con el resgistro migratorio del extitular del Midis, aún se encuentra en el país, sin embargo, fuentes de La República indicaron que desde el Vaticano el pedido fiscal genera una "preocupación muy grande en la Secretaría de Estado sobre su llegada y placet (consentimiento de la Santa Sede) para aceptar a Demartini como embajador acreditado". Asimismo, precisaron que la Santa Sede tiene la potestad de aceptar o rechazar la eventual designación de Julio Demartini. No basta con que Dina Boluarte lo autorice.

Pedido fiscal fue presentado por Delia Espinoza. Foto: Fiscalía

Gobierno respalda designación de Julio Demartini como embajador de Perú en el Vaticano

En Perú, sin embargo, el Gobierno de Dina Boluarte respalda la designación de Demartini como embajador en el Vaticano. Esto pese a que renunció del máximo cargo en el Midis por el escándalo Qali Warma.

Así lo demostró el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, quien justificó la propuesta. “Las embajadas no son un premio consuelo, él está absolutamente capacitado para ir a ese y cualquier puesto, se lo digo con toda sinceridad. Porque yo recuerdo haber escuchado lo siguiente, el ministro de Demartini dijo ‘mire, presidenta, yo no tengo por qué salir del puesto porque en realidad yo no he hecho nada ilegal, todo es correcto, pero yo asumo el peso político de esto porque no quiero que esto manche su Gobierno. Así que quieren que me vaya, yo me voy’. O sea, en realidad, incluso ha sido generoso al irse, no se ha ido obligado”, manifestó.

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Esto fue recogido por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, quien envió un oficio a la fiscal Delia Espinoza con la finalidad de acelerar las medidas para garantizar la investigación del caso Qali Warma. En dicho documento enfatiza sobre la posible "maniobra" que podría representar la eventual designación de Demartini para esquivar las acusaciones en su contra. Además advirtió que los funcionarios acreditados ante el Vaticano obtienen inmunidad diplomática.

"Esto implicaría que no podría ser procesado, investigado ni detenido por las autoridades peruanas mientras ejerza el cargo y esté acreditado en el país receptor. Asimismo, sus propiedades no podrían ser allanadas, ni sus documentos incautados, ni sus comunicaciones intervenidas sin autorización del país receptor o del propio Estado peruano, lo que obstaculizaría la obtención de pruebas en su contra y afectaría el desarrollo de la investigación", mencionó.