Hace cuatro meses, una adolescente de 16 años, procedente de Estados Unidos, denunció que fue víctima de violencia sexual de un estudiante del colegio Markham, de Miraflores, durante una fiesta afuera del establecimiento educativo. Según indicó, había sido dopada y no hubo ningún consentimiento. No obstante, la semana pasada, el Ministerio Público decidió archivar su acusación.

La familia de la víctima insistirá con la denuncia, la cual ya es parte de una estadística que llama la atención: solo en lo que va del año se han reportado 1.048 casos de presunta violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos y privados, según el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe), del Ministerio de Educación (Minedu).

Del total de estos abusos, ya sean tocamientos indebidos, besos íntimos, exhibicionismo, acoso, comentarios de connotación sexual o violación sexual, 712 casos fueron cometidos por personal educativo (administrativos, docentes o directivos) y otros 336 por los mismos escolares.

Las regiones con más reportes son Lima Metropolitana, Piura, Huánuco y Amazonas (ver infografía al final). "Las denuncias han aumentado, lo que quiere decir que la comunidad educativa no se queda callada. Eso permite reducir el subregistro", indica el director general de Gestión Escolar del Minedu, Daniel Anavitarte, quien agrega que las cifras de estas localidades están vinculadas al alto nivel de matrícula y al uso de la plataforma SíseVe, lo cual aún no representa a todos los casos, debido a que hay autoridades que no reportan.

Según el referido sistema, desde setiembre del 2013 hasta octubre último se han reportado 3 mil 274 denuncias por violencia sexual escolar.

No pueden expulsar los violadores

Ahora bien, de los 1.048 casos reportados este año, 516 ya están en etapa de cierre. "Esto quiere decir que ya fueron investigados y sancionados por vía fiscal o judicial. En el colegio se realiza restablecimiento emocional, talleres y dinámicas", asegura Anavitarte.

No obstante, sobre este punto hay un vacío que urge atender. Mientras que para los docentes acusados se siguen procesos judiciales y administrativos (Minedu), en el caso de los escolares no pueden aplicarse sanciones como la expulsión, salvo que se trate de casos en flagrancia y que ameriten condenas judiciales. Sobre este punto, expuesto ayer durante la sesión de la Comisión de Educación del Congreso, el sector se comprometió a evaluar herramientas para atender estas situaciones.

Respecto a los agresores, Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo –entidad que ha recibido 140 quejas por violencia sexual contra menores este año–, resalta la necesidad de aplicar sanciones, pero sobre todo hacer un trabajo preventivo. "No nos podemos quedar solo con el acceso a la justicia, sino prevenir y atender a la víctima. Una niña violentada sexualmente necesita un nuevo proyecto de vida".
   
Docentes condenados

De los 780 trabajadores de colegios públicos destituidos desde mayo pasado, en el marco de un nuevo procedimiento de despidos masivos, 583 tenían sentencias por violación sexual. La mayoría de ellos (489) eran profesores.

Estas destituciones se aplican para el personal del sector Educación con condenas, procesos en trámite, denuncias penales por los delitos de terrorismo, apología, violación sexual o tráfico de drogas. No obstante, hacia enero del próximo año, el Minedu presentará un proyecto de ley para ampliar los delitos y poder separar a sentenciados por trata de personas y otros crímenes dolosos.

Caso Markham

Una de las medidas para la lucha contra la violencia respaldada por la titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Katherine Alva, es la creación de la Autoridad Nacional para proteger a adolescentes y niños, que tenga rango ministerial y sea integrada por un equipo autónomo. Deberá articular a los sectores, proponer planes de trabajo y fiscalizar si los ministerios cumplen con la asistencia legal o tratamientos a víctimas.

Daniel Anavitarte indicó que el docente que ingrese a las escuelas no puede tener condenas por violencia sexual, los directores deben ser capacitados y cada una de las 220 UGEL debe tener un psicólogo.

Sobre el caso Markham, la DRELM señaló que se han realizado tres visitas y se corroboró el cumplimiento del protocolo de denuncia. "Existen vacíos de cómo sancionar al menor. Si no existe sanción (fiscal o judicial), esto ahora es un desafío. Esperamos novedades la próxima semana".

Infografia (haga clic para agrandar)



Fuente: La Republica

Guía para prevenir y atender violencia sexual escolar