La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó -con 15 votos a favor y 2 abstenciones- el informe final respecto de las denuncias constitucionales acumuladas 423 y 427, que concluye en proponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años para el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por ocho (8) años para la exministra Pilar Mazzeti y por un (1) año para la excanciller Elizabeth Astete por haber incurrido en infracción constitucional relacionado al caso “vacunagate”.

El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que realizó el miércoles 31 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, conducida por su presidente el congresista Carlos Pérez Ochoa (AP), luego de que el congresista Ali Mamani sustentara el informe final.

El documento concluye que el expresidente Vizcarra incurrió en infracción constitucional al artículo 2, inciso 2, así como los artículos 7, 9, 38, 39 y 118 inciso 1 de la Constitución Política del Perú; en tanto que las exminitras Mazzetti y Astete incurrieron en infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú.

En cuanto a la sanción interpuesta a Vizcarra Cornejo se tomó en cuenta la circunstancia en la que el país que se encontraba en estado de emergencia y registraba la mayor tasa de mortalidad con 104 decesos por cada cien mil habitantes.

“Usó vacunas candidatas destinadas a la protección de equipo del ensayo clínico, haciendo mal uso de su cargo y dejando sin protección a otros ciudadanos”, dijo Mamani.

Además, agregó que Vizcarra Cornejo mintió al decir que fue voluntario del ensayo clínico, cometió seis infracciones constitucionales, era el funcionario de mayor rango al servicio de la Nación, la vacunación fue realizada en Palacio de Gobierno y ocultó el hecho y, finalmente, tiene antecedente de incapacidad moral permanente.

«Por los motivos antes señalados se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años», dijo Mamani.

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En cuanto a la sanción interpuesta a Mazzetti se tomó en cuenta -además del estado de emergencia- que diez regiones estaban en cuarentena (nivel extremo) y en plena segunda ola de la COVID-19.

“Usó vacunas candidatas destinadas a la protección de equipo del ensayo clínico, y dejó sin protección a otros ciudadanos”, dijo Mamani.

Además, agregó que Mazzetti mintió al señalar que sería la última en vacunarse con la frase “el capitán es el último en abandonar el barco”, volvió a mentir (esta vez ante el Congreso) al decir que no sabía si otros funcionarios se habían vacunado, se vacunó en su domicilio para ocultar información, gestionó no solo su vacunación, sino también de su entorno laboral. Finalmente, generó una crisis política al ocultar su irregular vacunación como verdadero motivo de su renuncia como ministra.

Para la exministra de Salud se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por ocho (8) años.

La circunstancia es similar con la excanciller Elizabeth Astete, el país se encontraba en estado de emergencia y en pleno incremento de casos de COVID-19 por la segunda ola.

“Usó vacunas candidatas destinadas a la protección de equipo del ensayo clínico”, dijo Mamani.

Además, agregó que Astete se vacunó en sede de la UPCH sin intención de ocultar la vacunación; aceptó su error, su responsabilidad y pidió disculpas por sus actos; facilitó más información sobre uso de vacuna candidata, incluso mencionó la actuación de otros altos funcionarios.

“No habría solicitado vacuna, sino que aceptó ofrecimiento, a diferencia de los otros denunciados. Habría tenido la anuencia del presidente del Congreso, encargado de la Presidencia de la República para tal fin, por lo que su conducta habría sido consecuencia de ello, así como actuar con falta de diligencia”, agregó Mamani con relación a Astete, por lo cual se propone una sanción de inhabilitación de un (1) año para el ejercicio de la función pública.

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