Foto de archivo.

LIMA | El fiscal supremo Pedro Chávarry fue suspendido en sus funciones –por el plazo de seis meses– por decisión unánime del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto, al concluir que habría faltado a la verdad, al Código de Ética, y violado la Ley de Carrera Fiscal.

También, porque podría obstaculizar las investigaciones que se le siguen en la vía penal por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y la sustracción de documentos de una oficina lacrada del Ministerio Público, en enero del 2019.

Con esta medida, Chávarry, quien se desempeñó como fiscal de la Nación entre el 2018 y el 2019, ya no podrá ejercer sus funciones y quedará fuera de la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano administrativo del Ministerio Público.

El suspendido fiscal supremo es procesado disciplinariamente por la JNJ por cuatro hechos:

El primero son las conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza –investigado también por el Caso Los Cuellos Blancos– que fueron registradas en diversos audios y en las que se daba cuenta de un presunto intercambio de favores.

También se ha considerado que Chávarry faltó a la verdad cuando dijo que desconocía los arreglos que hizo el empresario Antonio Camayo para propiciar un almuerzo con medios de comunicación a fin de favorecer su candidatura a la Fiscalía de la Nación. Además, habría propiciado el deslacrado de la oficina de su exasesor Juan Manuel Duarte –hecho que reveló El Comercio– en enero del 2019.

Estos tres casos son investigados también en el Ministerio Público.

Finalmente, se ha considerado que Chávarry habría usado su cargo para convocar a un exfuncionario del Congreso de la República (César Sandoval) a fin de que lo asesorara sobre el allanamiento de la mencionada oficina realizado por el fiscal José Domingo Pérez, como parte de la investigación a Fuerza Popular y a su lideresa, Keiko Fujimori, con lo que habría permitido una “interferencia externa”.

Medida idónea

Tomando como base los descargos de Chávarry, la JNJ sostiene en su resolución de medida cautelar que la suspensión provisional es idónea. “Tales circunstancias son, a juicio de este colegiado, razones fundadas por las que se puede presumir un riesgo de perturbación a personas ajenas a este órgano constitucional”, indica.

Además, considera probable que el fiscal pueda repetir las conductas que son objeto de investigación, lo que pondría en riesgo los casos, y con ello la credibilidad del Ministerio Público.

“La medida cautelar trae consigo el impedimento en el ejercicio de toda atribución propia del cargo. Pero, como contraparte, evita el riesgo de afectación al procedimiento disciplinario inmediato, que podría materializarse desde la alta posición que ocupa el fiscal investigado”, explica. Concluye que la medida está justificada por el beneficio del interés público.

El diaro El Comercio trató de conocer la versión del suspendido fiscal, pero no respondió. El pasado 14 de julio, Chávarry Vallejos se presentó ante el pleno de la JNJ para presentar sus descargos frente a la propuesta de suspensión planteada por el vocal instructor que lleva adelante el proceso disciplinario en su contra y cuyo nombre se mantiene en reserva.

Chávarry ha negado ante la JNJ conocer a los integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Reconoció, en cambio, que si conoce a Hinostroza Pariachi, pero como parte de las funciones que desempeñó como fiscal y afirmó que este usó su nombre.

“El exjuez supremo César Hinostroza, utiliza mi nombre ante Antonio Camayo a quien yo no conocía; incluso en la transcripción del audio, se entiende la sorpresa del investigado quien le dice a Hinostroza de quién se trata porque no me conocía”, dijo.

Sobre la irrupción en la oficina lacrada en el marco de la investigación contra Fuerza Popular y Fujimori Higuchi; el ahora fiscal supremo suspendido alegó que desconocía ese hecho y que todo fue realizado por su exasesora, Rosa Venegas.

“No existen los elementos de convicción de inconducta o falta grave para que se pueda ordenar mi suspensión en el cargo”, dijo entonces.

Según el penalista Andy Carrión, con esta decisión y la suspensión del fiscal supremo Tomás Gálvez, “vemos que la JNJ se va afianzando en torno a su rol contralor de la función delicada de valorar la conducta ética de los jueces y fiscales, labor que no pudo realizar el antiguo CNM (Consejo Nacional de la Magistratura) por razones de su actuar irregular, y que el anterior Congreso no estuvo en capacidad de decidir por convicciones políticas”.

Fuente: EC