El Tribunal Constitucional (TC) publicó la sentencia sobre la demanda de conflicto competencial (Exp. N° 00003-2022-PCC/TC) interpuesta por el Congreso de la República contra el Poder Judicial, argumentando que, al ejercer sus competencias en el ámbito de la administración de justicia, habría menoscabado las atribuciones exclusivas del Legislativo.

En la sentencia se declara fundada la demanda competencial en relación con el proceso de amparo tramitado en el Expediente 00893-2022-0-1801-JRDC-02; y, en consecuencia, nulas las resoluciones judiciales que impedían seguir el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo.

También declaró fundada la demanda con relación a los expedientes 00400-2022-0-0401- JRDC-01 (principal) y 00400-2022-91-0401-JR-DC-01 (cautelar), y nulas las resoluciones que tengan por efecto impedir la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público, así como el desarrollo de los procedimientos de juicio y antejuicio político.

Igualmente fundada la demanda y en consecuencia, nulas las resoluciones 16 y 17, emitidas por el juez del Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, y todo lo actuado en el proceso de amparo seguido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El Colegiado también pone en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia la presente sentencia, y la conducta funcional de los jueces que han intervenido en los procesos constitucionales de amparo afectando competencias reservadas al Congreso de la República, a fin de que evalúe institucionalmente esos hechos conforme a sus atribuciones.

Asimismo, reitera la exhortación realizada al Congreso de la República -en la sentencia recaída en el Expediente 00156-2012-PHC/TC- a reformar el artículo 99 de la Constitución Política de 1993, así como a reformar su Reglamento, de conformidad con la presente sentencia y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La sentencia agrega el voto singular del magistrado Manuel Monteagudo Valdez declarando infundada la demanda, en relación con los procesos de amparo tramitados en los expedientes N.ºs 03898-2022-0-1801-JR-DC-03 y 00400-2022-0-0401-JR-DC-01. Asimismo, suscribe la ponencia en mayoría en cuanto se estima la demanda en relación con el proceso de amparo tramitado en el Expediente 00893-2022-0-1801-JRDC-02, y, por tanto, suscribe el punto resolutivo 3 del fallo. Finalmente, se aparta del punto resolutivo 4 y de la exhortación realizada en el punto resolutivo 5 del fallo.

Walter Albán: Creo que lo que ha hecho el TC es repudiable; desde todo punto de vista insostenible

???? PODCAST | #WalterAlbán, exministro, estuvo en #NoHayDerecho de @ideeleradio, y cuestionó la reciente decisión del #TribunalConstitucional que declara fundada la demanda competencial que presentó el #Congreso. ???? Escúchalo aquí ? https://t.co/TSea15xwIV pic.twitter.com/Km6gwicNaX

— Ideeleradio (@ideeleradio) March 1, 2023

Desestabilizan todo

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara fundada la demanda competencial que presentó el Congreso de la República contra el Poder Judicial es repudiable e insostenible jurídicamente, sostuvo Walter Albán, exministro del Interior, al considerar que la decisión implica “una destrucción de la institucionalidad democrática”.

“Yo creo que lo que ha hecho el Tribunal es repudiable; desde todo punto de vista insostenible. Jurídicamente no hay como sostener o afirmar lo que han hecho, y lo que es más grave es una muy mala práctica que anuncien una decisión que tiene además tanta importancia, tanta trascendencia y no haya sentencia [publicada]”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No han presentado ninguna sentencia. Entonces, ¿qué es esto de venir a informar lo que ya resolvieron? Con lo cual desestabilizan todo, pero no hay forma de poder conocer exactamente en qué han pretendido fundar una decisión de este calibre”, apuntó.

Destrucción de la institucionalidad

Albán Peralta subrayó que esta decisión significa una destrucción de la institucionalidad democrática, porque a la larga nos hace más vulnerables a todos los peruanos y peruanas. Estimó que lo que el TC está diciendo, en buena cuenta, “es que el Poder Judicial no puede controlar los procesos que se llevan adelante en el Congreso”.

“En otras palabras, es como decir que el Congreso por definición jamás actúa contra la Constitución. Es una —francamente— falta de vergüenza sostener eso, en un país como el nuestro donde no solo este Congreso, también anteriores, permanentemente incurren en estos excesos que tratan de obviar, digamos, cualquier margen o límite constitucional, pero sabían siempre que tenían la posibilidad, tenían el riesgo de que el Tribunal Constitucional pudiera dejar sin efecto sus decisiones”, declaró.

“Lo que ha hecho este Congreso es muy claro: capturar el Tribunal Constitucional para finalmente estar convencidos —y ahora los hechos nos demuestran que estaban en lo cierto— de que nada de lo que puedan hacer, nada por muy malo, por muy absurdo, por muy arbitrario, por muy anticonstitucional que sea, el Tribunal va a ponerlo en cuestión. Esto es como dije una destrucción de la institucionalidad democrática”, acotó.

Un proceso viciado

El exministro consideró, en otro momento, que hay una conducta que se sospechaba podría venir por la forma como fue elegido este Tribunal Constitucional, a través de un proceso viciado y en el que no se quiso aceptar la vigilancia ciudadana.

“Y bueno, lo que está ocurriendo es la muestra más clara de que un proceso viciado, un proceso nada transparente, manipulado, donde no se quiso aceptar que hubiera algún tipo de participación, de vigilancia, no solo de la sociedad civil local, sino incluso de algún tipo de instancia internacional, con expertos, con miembros incluso de tribunales de otros países, que es una buena práctica para tratar de aceptar el apoyo técnico de cómo elegir a la gente más idónea”, declaró.

“Todo esto se rechazó y hubo una sospechosa, pues, alianza entre Perú Libre, diría yo, y el resto de los partidos conservadores en el Congreso para llegar a los 87 votos. ¿Qué se pactó detrás de eso? No sé, muchas cosas seguramente, pero entre otras, no tocarle a Perú Libre el Ministerio de Salud, y la posibilidad de que hicieran con este sector lo que les viniera en gana, porque mantuvieron todo esto durante el tiempo que permaneció el expresidente Castillo en el Gobierno”, añadió.

Perú Libre

Finalmente, remarcó sus críticas a la bancada de Perú Libre por la posición que tomó un sector de sus congresistas en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), realizada en el Pleno del 11 de mayo del 2022.

“Y también quiero dejar en claro lo siguiente: ¿a una organización como la de Cerrón votar para darle los votos suficientes a esta mayoría que controla el Congreso para elegir a quien quiere elegir en el Tribunal por qué no le preocupa?, porque durante la campaña [electoral] ya habíamos escuchado que para Perú Libre desaparecer a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional era un objetivo, era un propósito”, opinó.

“Bueno pues, ¿qué le puede importar a señor Cerrón y a su organización y a aquellas que están de alguna manera bastante más cerca que se destruya el Tribunal Constitucional o se destruya la Defensoría? Hay dos formas: una es desaparecerla formalmente, pero otra es colocar allí a gente que no es idónea, a gente que tiene claramente compromisos políticos, a gente que no tiene formación jurídica suficiente, en fin, a gente que esté dispuesta a servir en este caso casi como una mesa de partes de lo que el Congreso le pida”, puntualizó.

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