El Contralor General de la República, Nelson Shack, señaló que “todos los peruanos debemos apoyar y comprometernos a que el 2019 se convierta efectivamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, tras comentar la denominación del presente año dada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N° 005-2019-PCM.

En ese sentido, saludó los esfuerzos que se promueven para cumplir con el objetivo de combatir la corrupción y promover la integridad en el país. En esa línea, añadió que todos los esfuerzos del Estado se deben enfocar en esta materia, y asumir como uno de los principales compromisos la incorporación de la transparencia en todas las acciones que se desarrollan en el sector público.

Por su parte, la Contraloría General viene promoviendo e implementando reformas estructurales en su labor de fiscalización y ha presentado iniciativas legislativas al Congreso,  como el Proyecto de Ley N° 3574/2018-CGR, Ley que establece medidas para facilitar la implementación de las acciones del proceso de fortalecimiento del Sistema Nacional de Control, el cual contiene entre otras propuestas, la expansión del modelo de control concurrente a nivel nacional en la ejecución de las inversiones, bajo cualquier modalidad de contratación, así como las iniciativas de contratación de bienes, servicios u obras cuyo monto supere los cien millones de soles.

Declaración Jurada obligatoria

Por otro lado, con el propósito de transparentar los intereses de los funcionarios y servidores públicos, la Contraloría General ha solicitado la priorización del debate del dictamen de los proyectos de ley que proponen la obligación de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte de todos los funcionarios y servidores públicos del Estado, con el fin de determinar cualquier incompatibilidad en el ejercicio de las funciones.

Junta Nacional de Justicia

Adicionalmente a ello, conviene resaltar que la Contraloría General en el marco del debate del proyecto de Ley N° 3745/ 2018-PE “Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia”, ha propuesto un nuevo modelo de evaluación y selección de funcionarios que garantice idoneidad y probidad que involucra, entre otras cosas, la aplicación de pruebas de confianza y patrimoniales, el cual se espera pueda utilizarse como referente en otros procesos de selección de funcionarios del Estado.

Shack señaló que estas iniciativas y esfuerzos suman en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y deben ser acompañados por todas las instituciones del Sistema de Justicia, refiriendo que “si no se impulsa verdaderamente el fortalecimiento y modernización del Poder Judicial y el Ministerio Público, todos los esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción serán a larga, en vano”.