BRASILIA abril 2025 | Transparencia Internacional – Brasil expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno brasileño de conceder asilo diplomático a la ex primera dama del Perú, Nadine Heredia, condenada a 15 años de prisión por lavado de dinero. 

La sentencia, emitida por el poder judicial peruano, se basa en pruebas sólidas de que Heredia y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, recibieron casi 3 millones de dólares en aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht (ahora Novonor) y del gobierno venezolano para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.

La concesión de asilo, bajo la justificación de protección humanitaria, plantea serias dudas sobre el compromiso de Brasil con la lucha contra la corrupción y la impunidad en la región. Al brindar refugio a una persona condenada por corrupción, Brasil envía una señal preocupante de tolerancia frente a prácticas ilícitas que debilitan las instituciones democráticas y obstaculizan el desarrollo de los países latinoamericanos.

Bruno Brandão, director de Transparencia Internacional Brasil, fue tajante: “Después de exportar corrupción a América Latina y África, Brasil ahora exporta impunidad”. En declaraciones a la agencia EFE, afirmó que la ex primera dama eligió Brasil porque se ha convertido en un “paraíso para la corrupción”, en referencia a la reciente anulación de pruebas del caso Lava Jato por parte del Supremo Tribunal Federal.

Resulta aún más alarmante que esta decisión ocurra mientras Brasil profundiza una tendencia preocupante de desmantelamiento de sus marcos legales e institucionales anticorrupción. Las pruebas del acuerdo de leniencia de Odebrecht —las mismas que fundamentaron las condenas de Heredia y Humala en Perú— fueron anuladas en Brasil con base en alegaciones infundadas y jamás comprobadas. Estas decisiones, tomadas de forma monocrática por el exministro Ricardo Lewandowski y el ministro Dias Toffoli, han tenido un efecto devastador: más de un centenar de condenas anuladas, incluidos casos con confesiones, con sentencias confirmadas por múltiples instancias y con valores significativos ya devueltos al erario público.

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A pesar de la gravedad de los impactos, los recursos presentados por el Ministerio Público de São Paulo, la Procuraduría General de la República y la Asociación Nacional de Procuradores de la República llevan 20 meses sin ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal.

A diferencia de Brasil, el poder judicial peruano no se dejó convencer por la narrativa de la “ruptura de cadena de custodia” de los discos duros de Odebrecht. Simplemente buscó confirmar la autenticidad del material con Suiza, país que incautó los servidores originales de la empresa y que compartió las pruebas tanto con Perú como con Brasil. Si hubiera existido voluntad institucional, Brasil podría haber hecho lo mismo —pero optó por enterrar ese conjunto probatorio sólido. Es sumamente grave que el país se esté convirtiendo en un cementerio de pruebas del mayor esquema de sobornos transnacional de la historia.

Es imperativo que Brasil revise su conducta, tanto en el ámbito interno como en el internacional. La integridad del sistema judicial y la credibilidad de la diplomacia brasileña no pueden verse comprometidas por la protección de actores corruptos. La lucha contra la corrupción requiere respeto a los marcos legales, cooperación entre naciones y rendición de cuentas ante la sociedad.

Transparencia Internacional – Brasil seguirá vigilante en la defensa de la integridad pública y del Estado de derecho en toda la región.

Diputados brasileños en contra del asilo a la ex primera dama

La postura de Transparencia no está sola. Desde el Congreso brasileño, los legisladores opositores exigieron explicaciones al canciller Mauro Vieira sobre los fundamentos jurídicos del asilo. Los diputados Adriana Ventura y Marcel Van Hattem presentaron una moción formal para que el Ejecutivo detalle las razones de urgencia alegadas, así como los impactos que podría tener esta decisión en la relación bilateral con Perú. Asimismo, el senador Sergio Moro, quien lideró el caso Lava Jato como juez, cuestionó si Brasil se está convirtiendo en refugio de “corruptos o narcotraficantes de otros países”.

En el documento presentado ante el Parlamento, los legisladores advierten que la urgencia invocada por el gobierno de Lula carece de sustento, ya que la decisión se produjo apenas horas después de la condena judicial y la orden de prisión, sin que se hayan presentado indicios claros de persecución política o de riesgo para la vida e integridad de Heredia. El requerimiento solicita información detallada y documentada sobre la concesión del asilo, con base en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, las normas internas y los principios de legalidad, imparcialidad y moralidad administrativa.

Por su parte, el canciller Elmer Schialer señaló que la decisión de Brasil fue informada oportunamente y se respetó conforme al artículo 36 de la Constitución. “El Estado estaba en la obligación, tanto internacional como constitucional, de aceptar la calificación de asilo que le otorgó el gobierno de Brasil”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores.