HUANCAVELICA |  La Contraloría General determinó que dos exfuncionarios del Gobierno Regional de Huancavelica habrían ocasionado un perjuicio económico de S/ 95,795.00 al Estado en la adquisición de 170 motos lineales destinadas al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos en las municipalidades de 170 centros poblados de las provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja (periodo 2018).     

Según el Informe de Control Específico N°032-2019-2-5338-SCE, los auditores constataron que el Gobierno Regional, en su calidad de ejecutor del proyecto, recepcionó el 21 de diciembre de 2018, un total de 170 motos lineales de marca Yamaha YB125 por un importe de S/ 957,950.00, a pesar que las citadas unidades de transporte no contaban con placas de rodaje, ni las tarjetas de propiedad, incumpliendo con la obligaciones de la cláusula segunda del contrato y vulnerando lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Pese a este incumplimiento, la administración regional, que solo contaba con la conformidad de la entrega de bienes (antes de la cancelación por la adquisición), realizó la devolución de la carta fianza a la empresa contratista por el valor de S/ 95,795.00, dejando imposibilitada a la entidad regional de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento por el incumplimiento de la entrega de las tarjetas de propiedad y las placas de rodaje, generando así un perjuicio económico al Estado.

Cabe resaltar que a mediados del presente año un equipo de auditores del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Huancavelica visitó algunos centros poblados beneficiarios del proyecto como Pampachacra, Antaccocha, Callqui Chico, Pallccapampa y Santa Bárbara, constatando que a la fecha no podían utilizar las motos lineales por la falta de los mencionados documentos.

El Informe de Control Específico fue comunicado oportunamente al titular de la entidad para el inicio de las acciones administrativas y al Procurador Público de la entidad para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, respecto a las personas comprendidas en el hecho irregular.