ICA | La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 39 600 en la Red de Salud Ica, por la entrega irregular de bonificaciones extraordinarias COVID-19 a 28 funcionarios y servidores públicos, quienes no cumplían con los criterios establecidos para recibir el beneficio de S/ 720, cuyo pago es mensual y se otorga de manera excepcional durante la vigencia de la emergencia sanitaria, regulado por el Decreto de Urgencia N° 026-2020.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 008-2021-2-0659 (periodo de evaluación del 1 de julio de 2020 al 30 de enero de 2021) reveló que no se cauteló el cumplimiento del procedimiento para identificar a los beneficiarios de la bonificación extraordinaria, pagándose a directivos, personal administrativo y asistencial que no cumplían con los criterios establecidos en el marco normativo, en los meses de julio y agosto de 2020.

Se pagó de forma irregular a tres directivos, a pesar que la normativa los excluía como beneficiarios. Del mismo modo a 25 servidores administrativos que no cumplieron con ejecutar servicios efectivos de alerta y respuesta en el marco de la COVID-19. Las responsabilidades civiles y administrativas por estos hechos recaen en nueve funcionarios y servidores públicos.

Este bono de S/ 720 está dirigido a profesionales y técnicos que prestan servicios de alerta y respuesta en el marco de la COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos de los centros médicos, hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y los trabajadores que realizan visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria.

El informe de control posterior fue notificado al director ejecutivo de la Red de Salud Ica para el deslinde de las responsabilidades administrativas de nueve funcionarios y servidores públicos, y a la Procuraduría de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales civiles.

Cabe señalar que el informe de control posterior corresponde al Mega Operativo de Control Ica, donde se está interviniendo a un total de 63 entidades públicas que desarrollan actividades en la región, de las cuales 15 corresponden al gobierno nacional, 11 al gobierno regional y 37 al gobierno local. Entre las principales entidades a intervenir está el Gobierno Regional de Ica; las municipalidades provinciales de Ica, Pisco, Palpa, Nasca y Chincha; direcciones de Salud, Educación y el Hospital Regional de Ica.

El informe fue enviado al director de DIRESA ICA Marcos Ruperto Cabrera Pimentel para su conocimiento y fines.