La primera vez que Josué Gutiérrez afectó la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo no fue cuando empujó al menos a cinco adjuntos del organismo, funcionarios elegidos mediante concurso público de méritos, a renunciar a sus cargos.

Tampoco cuando empezó a designar en la institución a personas que, más que por sus pergaminos, parecían elegidas para congraciarse con los partidos políticos que permitieron su nombramiento en mayo, como fue el caso de la exintegrante del equipo técnico de Fuerza Popular en las elecciones del 2021, Elizabeth Zea, como encargada de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales, o de Juan Carlos Gonzales Hidalgo como secretario general, quien fue personero de APP hasta marzo de este año. Ni siquiera cuando se quedó mudo ante las leyes que pasaba el Congreso para limitar la colaboración eficaz o acortar los plazos de suspensión de la prescripción. No. La primera vez que Josué Gutiérrez socavó la institucionalidad del organismo que encabeza fue cuando lo designaron para ello, pese a que no tenía las credenciales necesarias.

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En efecto, en este Diario El Comercio hemos sido enfáticos en sostener que el excongresista del Partido Nacionalista no es ni por asomo la persona más adecuada para presidir la institución. Y no lo es, además, porque su cercanía con algunos partidos que lo votaron (fue abogado de Vladimir Cerrón, el hoy prófugo fundador de Perú Libre, condenado por corrupción) así como los gestos que ha tenido con otros que apoyaron su candidatura (el ya comentado nombramiento de Zea) permiten entrever que, más que a la ciudadanía, Gutiérrez se debe a sus patrocinadores políticos.

Como si lo anterior no fuera ya suficientemente grave, ahora su gestión ha presentado un proyecto de ley con el rimbombante título de “Ley de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo” que, de prosperar, produciría el efecto contrario al que anuncia. Dicha propuesta, que ya ha sido derivada a la Comisión de Constitución del Parlamento, busca modificar la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y la de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para darle más poder y estabilidad en el cargo a Gutiérrez.

Entre los cambios que contiene la propuesta está el de extender el mandato del defensor del Pueblo hasta “cuando se encuentre elegido el sucesor”. Ello, pese a que la Constitución establece que este plazo es de cinco años. Si en los últimos años hemos tenido encargados de la institución que se han mantenido en el puesto tanto tiempo como los titulares, esto se ha debido a la frecuente incapacidad de los legisladores de ocasión para encontrar un sustituto. Gutiérrez, como exparlamentario, sabe lo difícil que es que una propuesta recoja 87 votos en el pleno, por lo que con esta modificación parece apuntar a quedarse en el cargo más allá de lo que le correspondería en un principio.

Pero, además el proyecto, propone que los adjuntos ya no sean elegidos por concurso público de méritos, sino directamente por el defensor del Pueblo. Una disposición que no solo iría a contracorriente de los esfuerzos por difundir la meritocracia en el Estado, sino que –viendo lo ocurrido en los últimos meses– le daría a Gutiérrez la posibilidad de seguir congraciándose con los partidos políticos que lo pusieron en el puesto otorgándoles dichas adjuntías. Y lo mismo se plantea para los jefes de las oficinas defensoriales: que estos sean elegidos por el titular de la institución.

Finalmente, la propuesta de Gutiérrez busca modificar la ley orgánica de la JNJ, para que la secretaría técnica especializada que apoya a la comisión especial –encargada de elegir a los miembros de la JNJ y que es presidida por la Defensoría del Pueblo– ya no sea designada mediante concurso público de méritos, sino a través de “resolución del defensor del Pueblo”. Y en momentos en los que un sector del Congreso busca remover a todos los integrantes de la JNJ, la oportunidad de esta modificación parece sombría.

Con este proyecto, en fin, Josué Gutiérrez parece buscar una Defensoría del Pueblo a su medida, una que no tenga como beneficiarios a los ciudadanos, sino a sus valedores políticos que serán, además, los encargados de revisar y definir el futuro de la iniciativa en el Congreso. Habrá que estar atentos al desenlace de este episodio.

Fuente: Editorial de El Comercio