El eventual perdón presidencial de Alberto Fujimori, anunciado por su hija y candidata presidencial Keiko Fujimori, dejará en la impunidad el caso de las esterilizaciones forzadas.

De acuerdo con lo anunciado, Fujimori recibirá el indulto de la sentencia de 25 años que viene cumpliendo y el derecho de gracia para archivar todos los casos pendientes.

Esto incluye la denuncia por las esterilizaciones forzadas, lo que supone el desconocimiento del acuerdo de “Solución Amistosa” que el Perú firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez.

Dicho acuerdo señala que: “El Estado peruano se compromete a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aunque en el caso de que se trate de funcionarios públicos, sean civiles o militares”, fue el compromiso de nuestro país.

Mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas buscan justicia hace más de 20 años. Foto: difusión

“En este sentido –continúa el acuerdo–, el Estado peruano se compromete a realizar las investigaciones administrativas y penales por los atentados contra la libertad personal, la vida, el cuerpo y la salud y, en su caso, a sancionar a los responsables de los actos de vulneración del derecho al libre consentimiento de la señora Mamérita Mestancia Chávez, para que se sometiera a la ligadura de trompas”.

El acuerdo se firmó el año 2003 y hasta hoy está pendiente de cumplimiento. El 2017, la CIDH exhortó al Gobierno a cumplir con el acuerdo y, por tanto, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas.

Más recientemente, en octubre del 2020, ante una demanda de amparo del exministro Marino Costa Bauer, el Tribunal Constitucional reiteró que el Perú debe cumplir el acuerdo y exhortó al Poder Judicial a iniciar el proceso judicial, más de 20 años después de ocurridos los hechos.

En el contexto internacional, las esterilizaciones forzadas que se realizaron durante el gobierno de Alberto Fujimori son calificadas como un delito contra los derechos humanos y de lesa humanidad, independiente de la calificación en el Código Penal Peruano.
 

Acusado. Alberto Fujimori dirigió y aprobó el programa de intervenciones quirúrgicas sin consentimiento.

En febrero del 2020, la fiscal formuló denuncia contra Alberto Fujimori, los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y otros por lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte.

Eduardo Yong Motta.

En febrero último, el juez Rafael Martínez inició las audiencias que permitirán que por primera vez este caso sea visto por el Poder Judicial.

Víctimas

Por miles. Entre 1995 y 1996 se realizaron unas 300 mil ligaduras de trompas. La Fiscalía ha documentado unos 1.300 casos de mujeres pobres del sector rural y amazónico que fueron sometidas al procedimiento bajo presión, incluidos cinco casos de mujeres que murieron producto de la intervención quirúrgica.

Dirigía el programa

La Fiscalía presentó diversos documentos que muestran que Alberto Fujimori recibía información al detalle de la ejecución del programa de esterilizaciones forzadas.

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Fuente: La Republica