El 26 de marzo 2020, el presidente de la República Martín Vizcarra, decidió confiar en los alcaldes peruanos 200 millones de soles para que sean distribuídas en la población necesitada de sus jurisdicciones respectivas bajo la forma de "canastas bâsicas" de víveres.

Ignoramos las razones de este gesto "patriotico" del presidente.

Tampoco tenemos los costos adicionales del gigantesco operativo nacional de control que puso en marcha la CGR para verificar las anomalías que se sabía que los alcaldes iban cometer.

ICA | La Contraloría General advirtió que 10 municipalidades de la región Ica, no han cumplido con el registro ni la publicación de la adquisición de productos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), por lo que recomendó a transparentar el gasto realizado para la compra de los alimentos que fueron distribuidos a las familias vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria COVID-19.

Las situaciones adversas detectadas se encuentran detalladas en seis informes de control concurrente y cuatro visitas de control realizados por la contraloría en la región Ica.

Los municipios visitados recibieron una transferencia económica de 50 mil, 100 mil y hasta 200 mil soles para atender a las familias en grado de vulnerabilidad producto del aislamiento social obligatorio.

Los auditores de la Gerencia Regional de Control de Ica realizaron el control simultáneo a las municipalidades provinciales de Ica, Chincha, Pisco y Palpa; así como a los gobiernos distritales de Salas Guadalupe, Los Molinos, Tate, Chincha Baja, Huáncano y Río Grande.

Los necesitados del departamento de Ica reciben en silencio sus "canastas basicas" en bolsas de plástico.

En los 10 municipios se verificó que estas no han registrado ni publicado en el SEACE, el contrato de adquisición de productos para la canasta básica familiar, generando riesgo en la transparencia y publicidad de las actuaciones de las entidades.

La situación descrita fue corroborada por los auditores quienes al efectuar los servicios verificaron que las entidades no han registrado en el SEACE, la información respecto al contrato de bienes suscrito con las empresas que han provisto los alimentos.