Según el World Economic Forum (WEF), el talón de Aquiles del país está en el ámbito institucional. Destaca la débil confianza en la policía y políticos, así como la corrupción en contratos públicos.

Uno de los grandes desafíos pendientes para el Perú , que resulta ser una de las trabas estructurales al desarrollo del país, es la debilidad institucional que nos aqueja. Según el último ranking del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú está en el puesto 116 de 140 países en fortaleza institucional.

Dentro de ese pilar (uno de los siete que se utiliza para medir la competitividad), hay un subpilar en el que el Perú queda especialmente mal parado. Se trata de la corrupción para conseguir sentencias judiciales favorables: el Perú ocupa la casilla 130. Eso significa que estamos entre los 10 países más corruptos del mundo en esta materia, de acuerdo con el organismo.

Si bien el país ha mejorado relativamente en este rubro, aún está en una situación similar a la de Venezuela, por ejemplo. De hecho, el informe del WEF evidencia que el Perú está rezagado en muchos factores del pilar institucional.

Entre esos factores resaltan la débil confianza en la policía y clase política, ética de las empresas privadas, costos de la criminalidad, regulación y marco legal de disputas, entre otros.

Uno de los indicadores más preocupantes -que cobra relevancia a partir de las acusaciones al presidente Humala de vínculos con el caso Lava Jato -, es la elevada percepción de corrupción a nivel de adjudicación de contratos públicos, en que el país se ubica en el puesto 99 y no ha mejorado respecto a mediciones anteriores.

Propuestas Atacar este problema tan grande es algo que hasta ahora no se ha hecho desde ningún Gobierno. La corrupción es un tema nuclear y, sin embargo, los principales candidatos a la presidencia no muestran planes de gobierno que sean contundentes en esta materia.

Desde algunos frentes políticos se maneja la propuesta de la muerte civil para aquellos funcionarios que hayan sido corruptos. Sin embargo, una iniciativa que es más vox populi es la idea de tener un Estado más digital y electrónico.

Ello facilitaría el acceso a datos importantes y, además, favorecería acciones más específicas de inteligencia financiera para la detección de fondos.