Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

Así como coordinaba acciones inmediatas ante las fuertes lluvias, inspeccionaba los trabajos de obras civiles y otros encargos presidenciales, el ahora premier como ministro de justicia dejó muchas tareas por hacer o por aclarar como la excarcelación irregular del interno Rubén Moreno Olivo, condenado a 25 años de prisión.

Vicente Zeballos Salinas  en su calidad de  Ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH),   acudió varias veces a la Comisión de Constitución del Congreso a presentar y sustentar proyectos de ley e iniciativas que en  algunas oportunidades no fueron consideradas, otras desestimadas de plano, y las congeladas como la elaboración de una política criminal, la  política nacional para la reforma de la justicia, la propuesta del Ejecutivo para que la Corte Suprema resuelva los casos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y una Política Nacional de la Memoria, por los casos de desapariciones forzadas durante el período de violencia (1980-2000) .

Por ahora, los 12 proyectos de reforma política que se afirma permiten “fortalecer la institucionalidad y el sistema democrático en el país, de cara al Bicentenario del año 2021”, serán nuevamente presentados al Congreso de la República que ejercerá sus funciones por año y medio.

Es evidente que en Perú la carga de trabajo de los jueces ha conducido a una justicia lenta, por lo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en cabeza de Zeballos se comprometió y no llevó a cabo la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, para ver descongestionar la carga procesal de los jueces y ofrecer a la ciudadanía un acceso eficaz a la administración de justicia.

De otro lado  durante el turno de Zeballos en el MINJUSDH se vio  poco el interés real de poner en funcionamiento en las instituciones públicas de diversos niveles de gobierno (nacional, regional y local)  de la aplicación Síguelo, herramienta que permite al usuario de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) acceder en tiempo real a su expediente; y sigue crudo la operatividad del  subsistema de extinción de dominio; tema en el cual las autoridades peruanas se asesoran de las colombianas.

“La Caravana de la Justicia”, que promueve desde hace unos meses MINJUSDH se detendría; y la pregunta que sigue sin responder es “¿Qué políticas y acciones se necesitan para prevenir el delito desde los barrios del cual proceden la mayor cantidad de internos del Perú?”, la mayoría de los cuales no están condenados sino en la etapa de investigación.

En el Perú, cárceles con capacidad para 39 156 internos, les acomodan 89 166. En el año 2011 el nivel de hacinamiento era de 75%, indicó la Defensoría del Pueblo de ese país.

@luforero4