Con un déficit presupuestario que se calcula en el 20% del producto interior bruto (PIB) y unos precios del petróleo que amenazan con mantenerse en los próximos meses por debajo de la cota de los 50 dólares por barril, 2015 se asoma para Venezuela como un año de perspectivas catastróficas. Pero cuando todavía no se hacen presentes los rigores pronosticados para este annus horribilis de la economía venezolana, el informe que acaba de publicar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que establece con datos de 2013 que la pobreza va en aumento en Venezuela, supone un revés para el régimen bolivariano.

El organismo de Naciones Unidas señala a Venezuela como el país con el peor desempeño en una región caracterizada por el estancamiento del crecimiento económico y, por consiguiente, de la promoción social. El informe asesta un golpe a la narrativa del régimen bolivariano, que, durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha legitimado su acción política mediante la invocación constante de sus éxitos, presuntos o reales, en el combate contra la exclusión y la pobreza. De manera sistemática los portavoces gubernamentales se escudan tras reconocimientos de organismos técnicos del sistema de Naciones Unidas, como la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) o la misma Cepal, para dar credibilidad a sus victorias.

El dictamen de la Cepal sugiere que la redención de los pobres en Venezuela ha sido superficial y volátil, sujeta a los vaivenes del ingreso petrolero y a la voluntad del Estado de repartir los excedentes que eventualmente produce.

Algo similar detecta el estudio Condiciones de vida de la población venezolana, cuyos resultados fueron expuestos el pasado jueves en Caracas. Se trata de un proyecto conjunto de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), privada, y dos contrapartes del Estado, las universidades Central de Venezuela (UCV) y Simón Bolívar (USB). Mediante una encuesta en hogares, el estudio se propuso evaluar el acceso de la población venezolana a la vivienda, servicios de salud y educación, trabajo, programas sociales y alimentación.

Las proyecciones del estudio —cuyo trabajo de campo se realizó entre agosto y septiembre de 2014— permiten afirmar que poco más de 3,5 millones de hogares venezolanos (de un total de 7,2 millones de familias) son pobres, y de ellos, 1,2 millones subsisten en la pobreza extrema, entendida esta última condición como la de aquellos grupos familiares cuyos ingresos no alcanzan para garantizar a cada uno de sus integrantes la ingesta de 2.200 calorías por día, ni para costear servicios básicos como agua y electricidad.

Las cifras indican que el nivel de pobreza actual, 48,4% de la población, es levemente superior a la registrada en 1998, de 45%. Además, advierte el estudio, del total de pobres, uno de cada tres son nuevos: su recaída se debe a los efectos de la inflación. De acuerdo a las cifras oficiales, Venezuela cerró 2014 con un incremento anual de los precios al consumo del 64%, la tasa más alta del mundo por segundo año consecutivo.

Esos nuevos pobres podrían salir “con relativa facilidad” de su situación si la economía tuviera un mejor comportamiento, apunta el sociólogo Luis Pedro España, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Ucab y uno de los principales expertos en el área, durante la presentación de los resultados del estudio, del que fue responsable. Pero, dadas las perspectivas para este año, se corre el riesgo cierto de que estos pobres coyunturales terminen por engrosar las filas de la pobreza crónica o estructural. “Venezuela entró nuevamente en un ciclo de aumento de la pobreza, tal y como se vivió en momentos de ajustes económicos, por ejemplo en 1989 y 1996, o de conmoción social, como en 1992 y 2002”, asegura España.

Las llamadas misiones, los programas de asistencia social del Gobierno que en medio de la crisis podrían servir de atenuante al empobrecimiento, apenas atienden a 10% de los hogares encuestados. Y lo que es peor: el estudio determinó que casi la mitad de los beneficiarios de esos programas no son pobres. “Esto nos indica que las misiones ni son masivas ni dan protección social efectiva, porque no se están concentrando en el sector más vulnerable de la población”, subrayó España.

Esas misiones se han mostrado hasta ahora como efectivos medios de control social —por sus bases de datos—, destinatarias de inversiones masivas y, en definitiva, poderosos argumentos para ganar elecciones. Pero ahora, llegada la era de las vacas flacas, solo una reorganización de su aparato ayudaría a convertirlas en paliativos reales ante la crisis.

Sin embargo, no parece que el Gobierno de Maduro, acosado por dificultades desde diferentes frentes, se anime a asumir el costo político de esa reestructuración, que supondría despojar de las prebendas de las misiones a un sector de sus seguidores y, a la vez, desalentar las expectativas generales de la población de hacerse receptores de los favores clientelistas. El estudio determinó que 57% de las personas que no son beneficiarias de misiones desean serlo.

Todo esto, hace notar España, muestra que durante los últimos 15 años no ha habido en Venezuela un programa para superar la pobreza de un modo estructural, sino una campaña de distribución de los excedentes petroleros con sentido asistencialista: “Se impone diseñar un auténtico plan de superación de la pobreza basado en el esfuerzo y la productividad”.