La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pretende evadir responsabilidad del papel de su partido político y sus aliados en las decisiones que toma el Congreso y que provocaron que esta institución tenga 95% de desaprobación. Fujimori criticó a quienes señalan que el fujimorismo y las agrupaciones de César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP), y Rafael López Aliaga, Renovación Popular, manejan los votos en el Parlamento.
“Falso, pero a ver, juguemos con esa idea, sumando todos esos votos, llegan solo a 53. Sí, con eso no alcanza ni para aprobar una ley. Ya sé que todo el mundo dice que la culpa es mía, pero ya sabes cuál es la realidad”, aseguró Fujimori en un video publicado en Tik Tok.
Primero, Fuerza Popular, APP y Renovación Popular, no suman 53 votos, sino 46. Pero la coalición que gobierna el Congreso no está conformada únicamente por estas agrupaciones políticas. La Mesa Directiva está presidida por un apepista como Eduardo Salhuana y tiene en la primera vicepresidencia a la fujimorista Patricia Juárez. Pero, además, ellos son acompañados por Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Alejandro Cavero, de Avanza País.
Fuerza Popular (21), APP (14), Perú Libre (11), Avanza País (7) y Renovación Popular (11). A ellos se suman otras bancadas que votan usualmente en línea con esta coalición, autodenominada, “Bloque Democrático”: Somos Perú (7), Bloque Magisterial (8) y Acción Popular (9).
La coalición no tiene los 53 votos que menciona Fujimori. En total, suma 88. Lo suficiente como para aprobar las leyes y reformas constitucionales que les plazca.
Un claro ejemplo es la votación que rechazó la moción de censura contra Salhuana este jueves con 64 votos en contra. Votaron en esa línea 19 de Fuerza Popular, 11 de APP, 4 de Perú Libre, 4 de Avanza País, 7 del Bloque Magisterial, 6 de Somos Perú, 3 de Renovación Popular, 7 de Acción Popular y 3 de los no agrupados.
El 6 de junio del año pasado el Congreso aprobó un proyecto de ley del fujimorismo de amnistía para delitos de lesa humanidad. Un mes después, la Comisión Permanente, con votos de FP y sus aliados, ratificó la norma para enviarla a que sea promulgada.
El 23 de agosto del año pasado, la coalición que gobierna el Congreso aprobó con 72 votos la ley que delega a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de investigaciones preliminares de presuntos delitos, restándole facultades al Ministerio Público.
En noviembre del año pasado, esta coalición aprobó con 84 votos la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses.
El 5 de diciembre el Pleno aprobó una ley impulsada por el fujimorismo que permitirá que en 2031 haya más de 237 legisladores en el Parlamento bicameral.
Sobre las leyes, no solo juegan un papel importante las bancadas en el Pleno, sino también el manejo de las comisiones. Leyes como las de impunidad para delitos de lesa humanidad, que delega a la PNP la dirección de investigaciones preliminares y que aumentará el número de parlamentarios, fueron dictaminadas en la Comisión de Constitución que desde hace tres años es presidida por un congresista del partido de Keiko Fujimori.
El fujimorismo, además, tiene la Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde promovió la propuesta de ley que persigue el financiamiento de las ONG.
Su aliado APP tiene la Comisión de Presupuesto que el año pasado propuso un presupuesto histórico de S/ 1.400 millones para el Congreso en el año fiscal 2025 y que además lidera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se discuten las investigaciones contra altos funcionarios.
Perú Libre maneja la Comisión de Justicia, donde nació la Ley 32108 que redefine las organizaciones criminales. Su otro aliado de izquierda, Bloque Magisterial, lidera con Alex Paredes, la Comisión de Ética.
Se trata de una coalición con demasiado poder. Eso explica por qué el exministro de Inclusión Social Julio Demartini no fue censurado, por qué no hay control político contra el ministro del Interior, Juan Santiváñez y por qué Dina Boluarte sigue de presidenta.
En siete mociones de vacancia presidencial, Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron en contra, mandaron al archivo dichos pedidos y blindaron a Boluarte.
El partido de Keiko Fujimori fue el único que en esas votaciones se opuso en bloque. Sin embargo, ahora quiere eludir la realidad y también la responsabilidad de la coalición que su agrupación integra.
Fuerza Popular, APP y sus aliados controlan oficinas
La lideresa de Fuerza Popular no menciona que una de sus excongresistas es Jefa del Fondo Editorial del Congreso. Se trata de Karina Beteta. La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, tiene competencias sobre esa oficina.
En enero de este año, este diario reportó que el médico pediatra José Francisco Recoba, quien fue parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en 2021, es jefe del Departamento de Investigación Parlamentaria.
La jefa del Departamento de Comisiones es la exasesora de la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, Shirley Montenegro.
Luego de cada elección de una nueva Mesa Directiva, las bancadas ganadoras se distribuyen las comisiones y oficinas del Congreso.
Fuente: La Republica
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